La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) avanzó con la implementación de un sistema de tenencia legal “exprés”, que simplifica y acelera los trámites para acceder a armas de fuego. Mientras tanto, el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas permanece prácticamente paralizado y sin campañas activas desde 2023. Esta flexibilización normativa y de desactivación de políticas de desarme genera alarma entre especialistas en seguridad y derechos humanos.
El sociólogo y director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero Marcelo Bergman advierte que “hay un incremento en el uso de armas de fuego en el país y no se cuenta con estadísticas oficiales confiables para dimensionar su impacto real”.
En esta misma línea, afirma que gran parte de los homicidios se cometen con armas de fuego ya que muchas veces se utilizan para intimidar durante robos que terminan en hechos fatales. Según datos disponibles del Ministerio de Seguridad de la Nación y estimaciones de organizaciones civiles, en más del 60% de los homicidios dolosos en Argentina intervienen armas de fuego. Sin embargo, las estadísticas son limitadas y desactualizadas, lo que impide una evaluación precisa del fenómeno. “El esfuerzo por construir datos es mejor que hace 10 años, pero aún muy incompleto”, remarca Bergman ante la consulta del portal El Auditor.
El de las armas es uno de los negocios ilegales más importantes en el mundo. En este sentido, Bergman explica que “en Chile se están incautando armas de origen argentino, lo cual evidencia un flujo regional de tráfico ilegal”. En paralelo, comienza a emerger una narrativa de autodefensa individual que promueve la idea de armarse como respuesta a la inseguridad. “No hay una tradición en Argentina como en Estados Unidos, se perciben cambios en la opinión pública”, explica el analista. “Algunos ciudadanos reclaman el derecho a portar armas, aunque no parece ser aún una posición mayoritaria”.
La evidencia internacional muestra que la mayor disponibilidad de armas de fuego no reduce el delito, sino que, por el contrario, incrementa los casos de violencia y accidentes fatales. Martín Angerosa es abogado y cofundador de la Red Argentina para el Desarme. Considera que “hay una marcha desde el poder central que va en contra de lo que la sociedad quiere” con respecto a la tenencia de armas.
“Nuestro país no es una sociedad armamentista. No somos Estados Unidos. Hay una narrativa de armarse, pero la gente se opone de manera contundente cuando se le pregunta. Una encuesta realizada por Zuban Córdoba lo evidencia. Más del 77% se manifestó en contra de la libre tenencia de armas”, indica Angerosa.
Según datos oficiales, en Argentina existen 919.347 personas con Credencial de Legítimo Usuario, pero más del 65% de esos permisos están vencidos
En Argentina, la edad mínima para ser considerado legítimo usuario de armas de fuego (es decir, para tener permiso para adquirir, usar y portar armas) es de 18 años. Esta modificación se implementó por un decreto publicado en el Boletín Oficial el año pasado. Anteriormente, la edad mínima era de 21. “Bajar la edad de tenencia legal expandió el mercado. Se estima que se pueden alcanzar 1.500.000 nuevos consumidores”, añade Angerosa.
La Red funciona desde 2004 y, en estos más de 20 años, tuvo un fuerte compromiso en la promoción del desarme. Colaboró en el diseño del plan nacional lanzado en 2007 que permitió recolectar y destruir 200.000 armas, lo que le valió un reconocimiento.
“El programa para la entrega voluntaria está vencido y la prórroga no fue tratada en el Senado. No parece que esté la voluntad política para que se vote”, asegura Angerosa. Si bien destaca lo bueno de aquel programa, también advierte que faltó una fiscalización más rigurosa y un marco normativo que desaliente la tenencia y regularice la situación de más de 800.000 armas que están en situación irregular.
Según datos oficiales, en Argentina existen 919.347 personas con Credencial de Legítimo Usuario, el requisito para ser portador legal de armas. Sin embargo, más del 65% están vencidas. Estudios indican que la mayoría de los usuarios son hombres entre 31 y 60 años, y superan en 20 veces el número de mujeres. Desde la Red Argentina para el Desarme advierten que cada año mueren en el país alrededor de 1.000 personas por armas de fuego, y más del 60% de esos casos ocurren en el ámbito doméstico o por conflictos interpersonales.
Medidas como bajar el requisito de edad de portadores legítimos o agilizar el trámite mediante un proceso digital a través de la Plataforma MiAnmac contribuyen a un incremento de circulación de armas registradas. “La sociedad tiene que tomar conciencia y comprometerse al debate. Es un momento de mucha indolencia social y ni los organismos de derechos humanos no toman el tema. Debería haber un fondo destinado a la prevención del uso de armas. El 40% de los femicidios, por ejemplo, son producidos por personas armadas y sin la tenencia correspondiente”, cierra Angerosa.
Por Emilia Ferragni
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