El Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense lanzó un “enérgico repudio” tras un hecho que expone la vulnerabilidad total de la justicia: un grupo de 20 personas armadas con cuchillos y facas irrumpió en un juzgado.
El motivo: Una violenta represalia por la detención de integrantes de una organización dedicada al narcotráfico.
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Un confuso y grave episodio se registró en el mediodía del miércoles en el edificio judicial ubicado en Pueyrredón y Cerrito, en San Martín, donde funciona el Juzgado de Garantías N°5 a cargo del juez Nicolás Schiavo. Según denunció el propio magistrado, un grupo de alrededor de veinte personas irrumpió en la mesa de entradas portando armas blancas y exigiendo la liberación de detenidos vinculados a causas de narcotráfico.
El hecho generó inmediata preocupación institucional. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense emitió un comunicado expresando su “enérgico repudio y preocupación”, advirtiendo que la situación expuso “la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones” quienes trabajan en los tribunales y reveló “la insuficiente protección de los edificios judiciales” en el marco del impacto operativo de la desfederalización del narcomenudeo.
De acuerdo a fuentes consultadas, el episodio estaría relacionado con un procedimiento realizado el 22 y 23 de enero en la Villa Loyola, que derivó en once detenidos —tres menores y ocho adultos— a quienes se les secuestraron un fusil calibre 12/70, una pistola 9 mm, chalecos antibalas de distintas fuerzas, más de 120 balas y una moto. Ocho de ellos quedaron bajo la órbita del Juzgado N°5 de Schiavo por delitos conexos, aunque sin imputación directa por narcotráfico.
En tribunales, algunas versiones apuntan a que los manifestantes responderían a sectores vinculados a Max Alí Alegre, alias “Alicho”, uno de los capos narco de San Martín y rival histórico de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba. No obstante, fuentes de la Justicia federal relativizan esa hipótesis: “Son soldaditos que van al mejor postor. No se puede afirmar lealtad a una banda u otra”.
Incluso dentro del ámbito judicial hubo discrepancias sobre la magnitud del incidente. Un reporte policial sostiene que se trató de “una manifestación pacífica” de veinte personas que se retiró sin provocar daños, aunque en otra parte del mismo documento se menciona la sospecha de que habrían ingresado al juzgado. Esta contradicción alimentó la discusión interna sobre lo ocurrido y sobre la seguridad del edificio, que —según reveló La Nación— no cuenta con cámaras exteriores ni interiores.
En diálogo con su entorno, Schiavo aseguró que quienes irrumpieron “tenían armas blancas” y que algunos expresaron amenazas directas: “Reclamaban la libertad de los detenidos y dijeron que iban a regresar y matar a todos”. Pese a la gravedad del testimonio, no se registraron heridos.
El trasfondo exhibe un conflicto más profundo: la tensión entre las estructuras narco de San Martín —una zona donde casi no existen vendedores independientes y la actividad se mueve en torno a organizaciones mayores— y un fuero provincial que debe afrontar causas que originalmente serían federales pero que, por la desfederalización del menudeo, terminan en juzgados sin recursos ni infraestructura adecuada.
Altas fuentes del Poder Judicial lo describen con crudeza: “San Martín es un territorio extremadamente complejo. La desfederalización nunca vino acompañada de presupuesto. Un juez de garantías no tiene forma de responder a organizaciones criminales de esta escala”.
El Colegio de Magistrados exhortó a los tres poderes del Estado a adoptar “medidas urgentes y coordinadas” para garantizar seguridad y recursos, y se solidarizó con los trabajadores afectados. La Asociación del Departamento Judicial San Martín será acompañada en las acciones institucionales que decida tomar.
Mientras tanto, en los tribunales del distrito se esperan reuniones clave por temor a que el episodio, minimizado por algunos y considerado gravísimo por otros, termine envalentonando a los actores del narcomenudeo en plena disputa territorial.
Los puntos clave del reclamo:
Vulnerabilidad extrema: El ataque puso en riesgo la vida de empleados, jueces y vecinos que estaban en el edificio.
Falta de recursos: Denuncian que la seguridad es insuficiente para enfrentar el impacto del avance del narcotráfico y el narcomenudeo en la provincia.
Fallas estructurales: Aseguran que no son hechos aislados y exigen a los tres poderes del Estado medidas urgentes de protección.
“El Estado debe garantizar condiciones adecuadas para quienes integran el servicio de justicia”, sentenciaron en un comunicado donde solidarizaron con los trabajadores de San Martín.
Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico
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