El procurador Casal y el Grupo Clarín buscan proscribir a Cristina antes del cierre de listas

Sin la ley de Ficha Limpia vigente, el procurador interino ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal —funcionario alineado con el macrismo— pidió que la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad se eleve a 12 años de prisión, el doble de lo que dictaminó el tribunal que la juzgó. Se trata de una causa ampliamente cuestionada por su carácter político, impulsada con el objetivo de impedir una eventual candidatura de la exmandataria.

En su dictamen ante el máximo tribunal, Casal respaldó la apelación presentada por el fiscal ante Casación, Mario Villar, quien recurrió en queja a la Corte para que se duplique la pena impuesta y se revoque la absolución de Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita, lo que implicaría condenarla también por este cargo. De prosperar este pedido, la líder del peronismo debería cumplir una pena mayor y quedaría inhabilitada para ocupar cargos públicos.

Pero el intento de proscripción no proviene únicamente de sectores del Poder Judicial; también forma parte de una ofensiva mediática encabezada por el Grupo Clarín. En las últimas horas, el periodista Daniel Santoro —vinculado al falso abogado Marcelo D’Alessio y procesado en su momento por tentativa de extorsión, aunque luego sobreseído— publicó una nota en la que afirma: “Existen una serie de indicios y antecedentes que muestran que la Corte Suprema de Justicia dejaría firme la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y que lo haría antes del 17 de agosto, fecha límite para presentar candidaturas a diputados y senadores nacionales para las elecciones del 26 de octubre.”

Santoro, considerado un operador mediático del Grupo Clarín, pone fecha precisa al eventual fallo de la Corte, insinuando que se busca impedir que Cristina sea candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Actualmente, la ex presidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. Esa condena, emitida por el Tribunal Oral Federal 2, fue confirmada por la Cámara Federal de Casación. Se trata de la causa que investigó el presunto direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz hacia empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Hace un mes, la Corte Suprema —que recibió 17 recursos de queja en el marco de la causa Vialidad— pidió la intervención de Casal para que dictaminara exclusivamente sobre el planteo de Villar. En una escueta resolución de una línea, el tribunal escribió: “Córrase vista a la Procuración General de la Nación”, sin extender esa solicitud a los planteos de las defensas, sobre los cuales Casal no está obligado a expedirse.

En los acuerdos previos, el juez Ricardo Lorenzetti había manifestado su intención de dar un tratamiento expeditivo al expediente, al menos durante el primer semestre del año. Sin embargo, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz —presidente y vice de la Corte— dejaron trascender que el caso seguiría los tiempos habituales.

Si la Corte confirma la condena, la prisión podría volverse efectiva. No obstante, Cristina Kirchner tendría derecho al beneficio de prisión domiciliaria por su edad (más de 70 años). Si decidiera postularse a diputada provincial antes del 17 de julio, adquiriría inmunidad de arresto al ser electa. En cambio, si su candidatura se presenta como parte de una lista nacional, el plazo límite sería el 17 de agosto, de alli que Clarín presiona a la Corte para que falle antes.

Frente a este escenario, se espera que la Corte Suprema no ceda a las presiones de los medios hegemónicos ni de los espacios políticos de derecha, como el PRO y La Libertad Avanza.