Un fallo del juez Ariel Lijo hizo lugar a un reclamo presentado por la diputada porteña y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Victoria Montenegro para evitar que el Gobierno nacional avance con su motosierra sobre los Sitios y Espacios de Memoria que funcionan en los ex centros clandestinos de la dictadura en la Ciudad de Buenos Aires. Por Canal Abierto
El escrito del magistrado está dirigido a Alberto Baños, a cargo de la secretaría de Derechos Humanos, uno de los organismos más afectados por el ajuste de su personal.
Junto a su pedido para resguardar los sitios, la legisladora de Unión por la Patria formuló una denuncia penal contra el ministro de Justicia Cúneo Libarona.
La resolución obliga al Estado nacional a garantizar personal capacitado para el sostenimiento de los lugares. Montenegro había denunciado que los despidos en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ponen en riesgo la continuidad de la tarea realizada en la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos.
Lijo entiende en la megacausa sobre los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y, paradójicamente, es uno de los candidatos de la Casa Rosada a incorporarse a la Corte Suprema.
Su reciente fallo atenta contra la avanzada de Milei, Villarruel y Baños contra todo lo que huela a memoria, verdad y justicia y tenga que ver con el Estado.
El magistrado dispuso que no puede faltar “personal capacitado” para que permanezcan en funcionamiento y abiertos los cinco sitios, tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y limpieza diaria, fumigación, preservación de los acervos y los archivos existentes en cada lugar, y que “se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas”.
Montenegro había exigido que se cumpla la ley de Sitios (26.691), que establece que los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) deben ser preservados no solo como prueba judicial sino también para la transmisión de la memoria.
“Requiérase a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se arbitren los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria en que funcionan en los ex CCDT [Centros de detención y tortura] “Olimpo”, “Club Atlético”, “Automotores Orletti”, y “Virrey Cevallos” permanezcan en funcionamiento para las actividades que se encuentren abiertas al público en dichos sitios, como así también para que se lleven a cabo las tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria – necesarias para las visitas- y de los techos y las canaletas para evitar inundaciones que puedan dañar los espacios”, dice el texto firmado por Lijo.
El último de los golpes del Gobierno en este sentido se dio en diciembre, cuando cerca de 90 trabajadores del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en el Museo de Memoria ESMA, recibieron un mensaje por el que se los relevaba de sus funciones durante enero y se les informaba que pasaban a una “guardia activa” en sus respectivos domicilios, algo que fue rechazado por la comunidad y los organismos de derechos humanos mediante un multitudinario acto y un megafestival en corazón del ex centro clandestino de la Armada.
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