Avanzando con su idea de un Estado policial similar al «Gran Hermano» de la novela distópica «1984» de George Orwell, el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, creó, mediante la Resolución 828/2025, la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, dentro de la cual se desempeñarán «Agentes Encubiertos Digitales» y «Reveladores Digitales» para la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal. Con una identidad falsa en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y un avatar, los agentes cumplirán misiones judiciales, adaptándose «a las nuevas formas de criminalidad». La medida es una nueva avanzada en las tareas de vigilancia estatal, luego de que se conociera que hace un mes el gobierno de Javier Milei modificó, con el decreto 383/2025, la ley orgánica de la Policía Federal Argentina, ampliando su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Por ANRed.
La Resolución 828/2025, publicada en el Boletín Oficial con fecha del 08/07/2025, señala que la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, resuelve la aprobación del «Protocolo particular para la actuación de los agentes encubiertos y reveladores digitales«, y que se instruya a «la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal a difundir y poner en conocimiento de las áreas correspondientes las prescripciones de la presente resolución».
En su anexo, la resolución detalla que la flamante «Unidad especial de agentes encubiertos» será «dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y relaciones con los poderes judiciales y los ministerios públicos».
En cuanto a los deberes de los «Agentes Encubiertos Digitales» y «Reveladores Digitales» designados por cada fuerza cuando se lo soliciten, la resolución dispone que «cada agente efectuará la elección de los datos biográficos ficticios que adoptará a los efectos de cumplir con la misión asignada«, y que «la actuación se mantendrá bajo custodia reservada en una caja de seguridad».
Para tal fin, la ministra Bullrich dispuso que «la Unidad Especial solicitará la colaboración de la Vicejefatura de Gabinete del Interior para que, a través del Registro Nacional de las Personas, proceda a cargar en las bases de datos que correspondan los datos ficticios, como así también emita la documentación física o digital respaldatoria».
Una vez finalizada la «actuación del agente encubierto digital», la Vicejefatura de Gabinete del Interior procederá a «suprimir de todas las bases de datos la identidad ficticia que se haya empleado en el marco de la actuación procesal», señala la resolución. Aunque deja abierta la posibilidad de que se pueda «autorizar que el agente que se haya desempeñado como agente encubierto digital o agente revelador digital continúe utilizando su identidad ficticia más allá de finalizada la tarea encomendada en sede judicial, siempre y cuando ello tenga por objetivo resguardar su seguridad personal o resulte imprescindible para una nueva investigación».
En su artículo 11, en cuanto a la «Creación y registro de avatares», la resolución dispone: «las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y el CS5 dependiente de la DIRECCIÓN DE CIBERDELITO Y ASUNTOS CIBERNÉTICOS, deberán crear identidades digitales ficticias (“avatares”), de conformidad con los perfiles que indique la UNIDAD ESPECIAL DE AGENTES ENCUBIERTOS. Los avatares quedarán a disposición de los agentes encubiertos digitales y de los agentes reveladores digitales para su utilización procesal, en el marco de lo dispuesto por los artículos 3° y 4° del presente protocolo. Todos los avatares generados deberán ser informados a la UNIDAD ESPECIAL DE AGENTES ENCUBIERTOS, que los registrará bajo un código secreto y único».
El antecedente de la deriva policial del Gobierno: la ampliación de tareas y autonomía de la PFA
El antecedente del aumento de la vigilancia estatal de la población se vio hace un mes atrás, cuando en junio, bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial.
Imagen: El Diario.
Dicho decreto habilita, además, a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En ese marco es que también la gestión de La Libertad Avanza inauguró el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país».
En su momento, sobre la medida, María del Carmen Verdú, abogada e integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró.
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