El decreto que modifica la Ley de Inteligencia reafirma al organismo como autoridad central, elimina la dirección en el ámbito militar y mantiene las investigaciones criminales bajo Seguridad. Detrás del rediseño, una definición política sobre el poder interno.
Por Pedro Lacour
El 2026 arrancó activo para el Gobierno: decidió avanzar con una reforma de segunda generación del sistema de inteligencia. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DN) vuelve a modificar la Ley 25.520 con el fin de terminar de reordenar un esquema plagado de disputas de mando y bordeando los límites entre inteligenicia y seguridad. La decisión refuerza a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como vértice del espionaje estatal y la habilita a detener personas en casos de flagrancia. Pero también deja una lectura política explícita: es un espaldarazo a Santiago Caputo, el asesor que controla el área, y al mismo tiempo una señal del peso creciente de Karina Milei en la arquitectura del poder libertario.
El decreto, firmado el 31 de diciembre por Javier Milei y todo su gabinete, profundiza los cambios iniciados en 2024 con el Decreto 614/24 y busca cerrar una etapa de transición marcada por internas y reordenamientos parciales. La SIDE queda consolidada como autoridad central del Sistema de Inteligencia Nacional, con mayores facultades operativas y de coordinación, mientras que el dominio digital se reconfigura por fuera del organismo.
Cristian Auguadra, titular de la SIDE.
En ese marco, Caputo retiene el control político del corazón del sistema de inteligencia y ratifica a Cristian Auguadra como jefe de la SIDE, un funcionario recientemente designado tras la salida de Sergio Neiffert y alineado con su esquema de conducción. En paralelo, la secretaria General de la Presidencia gana influencia directa sobre el área de ciberseguridad, que pasa a depender de la Jefatura de Gabinete, bajo control de Manuel Adorni, uno de sus hombres de mayor confianza. El equilibrio interno queda así explicitado: mientras el asesor conserva el espionaje clásico y estratégico, Karina se asegura un rol clave en el frente digital, sin disputar el mando formal de la SIDE.
Estructura interna
El DNU redefine además la estructura interna del organismo. La actual Agencia de Seguridad Nacional (ASN) que comanda Alejandro Cecati cambia de denominación y pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con un mandato exclusivo centrado en la prevención del espionaje, el sabotaje y la injerencia extranjera, evitando superposiciones con las fuerzas policiales. A su vez, la División de Asuntos Internos (DAI), al mando del contador Diego Valdiviezo, será reemplazada por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que amplía sus atribuciones en auditorías, investigaciones internas, control de legalidad y supervisión presupuestaria.
Alejandro Cecati, director de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), una de las cuatro áreas en las que fue dividida la SIDE.
En el plano digital, el decreto introduce una separación explícita entre ciberinteligencia y ciberseguridad. La SIDE conserva la producción de inteligencia estratégica en el ciberespacio a través de la nueva Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), que reemplaza a la disuelta Agencia Federal de Ciberseguridad que conduce Ariel Waissbein. En paralelo, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado que pasa a depender de la Jefatura de Gabinete y tendrá a su cargo la protección de redes, infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos del Estado.
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Ese punto es central en la lectura política del decreto. Mientras la AFC queda bajo la órbita directa de la Secretaría de Inteligencia —y, por lo tanto, del esquema que conduce Caputo—, el CNC se convierte en una caja de poder propia de Manuel Adorni, reforzando la incidencia de Karina Milei en un área clave para la seguridad nacional, la cooperación internacional y el control de datos sensibles.
Karina Milei y Santiago Caputo. Télam (archivo)
La norma también crea dos ámbitos de articulación que amplían el alcance de la SIDE. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional, que reúne a los organismos de espionaje y a áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad bajo conducción directa de la SIDE. Por otro, la Comunidad Informativa Nacional, integrada por ministerios y organismos con capacidad de generar información relevante —Migraciones, Aduanas, autoridades de identificación, sector nuclear, entre otros— aunque no produzcan inteligencia en sentido estricto. Será la SIDE la que defina los procedimientos y condiciones para el suministro de datos.
Inteligencia militar y criminal
En materia de inteligencia militar, el decreto avanza de manera explícita: se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DNIM) y se concentra la producción de inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto, con el objetivo de fortalecer la conducción conjunta y mejorar la articulación con la inteligencia nacional. La medida busca cerrar una superposición histórica y reordenar un área especialmente sensible dentro del Ministerio de Defensa, ahora comandado por el teniente general Carlos Presti.
Javier Milei, junto a Carlos Alberto Presti, flamante ministro de Defensa.
Distinto es el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC). Pese a versiones iniciales que hablaban de una absorción completa por parte de la SIDE, fuentes del oficialismo consultadas por elDiarioAR aclararon que la inteligencia criminal no será modificada por el decreto. “No se toca”, aseguraron, en un gesto destinado a descomprimir tensiones con el área que comanda Alejandra Monteoliva y a marcar un límite político al avance del organismo de inteligencia sobre funciones operativas.
El nuevo DNU amplía además las atribuciones de la SIDE: podrá requerir información a cualquier organismo del sector público, coordinar acciones con provincias y la Ciudad de Buenos Aires, articular con agencias extranjeras y proveer su propia seguridad. También se habilita que su personal pueda aprehender personas en casos de flagrancia, con aviso inmediato a las fuerzas de seguridad, un punto que vuelve a tensionar los límites entre inteligencia y funciones policiales, pese a que el texto insiste en que el sistema no cumple tareas judiciales ni de investigación criminal.
Ramiro Anzit Guerrero, titular del área de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad.
Desde el Ejecutivo presentan la reforma como un intento de modernizar, ordenar y legitimar el Sistema de Inteligencia Nacional, eliminar duplicaciones y dotar de respaldo legal a una actividad históricamente opaca. Pero la lectura política va más allá. El decreto, en realidad, intenta ordenar la feroz interna en La Libertad Avanza, fija jerarquías y reparte áreas de influencia en uno de los núcleos más sensibles del Estado.
Con Auguadra al frente de la SIDE, el Gobierno consolida un esquema en el que el control de la información estratégica queda cuidadosamente distribuido. No será sólo una reforma normativa: se trata, una vez más, de una definición política sobre quién manda, desde dónde y hasta dónde, en el corazón mismo del poder libertario.
PL/MC
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