El gobierno de Javier Milei ha reconocido oficialmente la titularidad de la Central Hidroeléctrica Río Escondido a Hidden Lake S.A., empresa propiedad del billonario británico Joe Lewis. Esta decisión, formalizada mediante la resolución 324/2025 de la Secretaría de Energía, ha generado controversia debido al historial de cuestionamientos judiciales y sociales que pesan sobre la firma. Hidden Lake, que opera en una zona de conflicto por el acceso al Lago Escondido, es acusada de ser una «sociedad ficticia» utilizada para encubrir la apropiación irregular de tierras en una región estratégica de la Patagonia argentina.
La hidroeléctrica, ubicada en El Foyel, Río Negro, cuenta con una potencia instalada de 7,2 megavatios y hasta ahora era operada por Patagonia Energía, otra empresa del grupo de Lewis. La resolución, firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, transfiere la titularidad a Hidden Lake, manteniendo el control dentro del entramado societario del magnate. Este cambio se produce sin licitación pública, lo que ha levantado críticas sobre la transparencia del proceso y las intenciones detrás de la adjudicación.
Hidden Lake S.A. ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que en 2022 solicitó su intervención judicial y eventual liquidación, calificándola como una pantalla para ocultar la propiedad de Lewis. La empresa, que declara dedicarse a la actividad agropecuaria, no produce bienes agrícolas según un informe gubernamental de 2023, lo que refuerza las acusaciones de que su propósito real es el control del Lago Escondido y sus recursos. Estas tierras, adquiridas en los años 90, violan la Ley 15.385 de Seguridad de Fronteras, que restringe la compra de terrenos en zonas cercanas a la frontera a ciudadanos argentinos nativos.
La decisión del gobierno se enmarca en una serie de medidas cuestionadas que, según algunos sectores, buscan beneficiar a grandes empresarios en el contexto de la campaña electoral. Un dirigente político citado por La Política Online afirmó que estas acciones parecen destinadas a «juntar fondos para la campaña», lo que añade un trasfondo político a la controversia. La entrega de la hidroeléctrica a una empresa con antecedentes legales y éticos ha sido calificada como una «ironía de la realidad», dado que el Estado cede un recurso estratégico a una firma ampliamente cuestionada.
El historial de Joe Lewis en Argentina está marcado por escándalos. Además de las denuncias por la compra irregular de 12.000 hectáreas en Río Negro, el magnate fue condenado en 2023 en Estados Unidos a tres años de prisión en suspenso por tráfico de información privilegiada. En 2022, Hidden Lake estuvo involucrada en un polémico viaje de jueces, fiscales y empresarios a la estancia de Lewis, un evento que generó acusaciones de tráfico de influencias y favores políticos. La organización del viaje estuvo a cargo de Nicolás Van Ditmar, CEO de Hidden Lake y Patagonia Energía, quien también enfrenta denuncias por represión a manifestantes que reclaman acceso al lago.
La central hidroeléctrica, que utiliza el agua del río Escondido, comenzó a operar comercialmente en 2017 bajo el programa de energías renovables Renovar, impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri. Este programa otorgó beneficios fiscales a la empresa de Lewis, permitiéndole cobrar el megavatio a un precio significativamente superior al de otras hidroeléctricas, como Salto Grande. La falta de licitación en la reciente transferencia de titularidad refuerza las críticas sobre la connivencia entre el gobierno y el empresario británico, cercano a figuras políticas como Macri.
El conflicto por el acceso al Lago Escondido sigue siendo un punto central de las controversias. A pesar de fallos judiciales que ordenan garantizar el acceso público al lago, Hidden Lake ha sido acusada de bloquear caminos y emplear guardias privados para impedir el paso de manifestantes. En 2022, un grupo de activistas, incluido el médico Jorge Rachid, denunció haber sido retenido por personal de seguridad de Lewis durante una marcha por la soberanía del lago, lo que generó una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La cesión de la hidroeléctrica a Hidden Lake no solo reaviva el debate sobre la soberanía de los recursos naturales en la Patagonia, sino que también pone en cuestión las prioridades del gobierno de Milei en materia de transparencia y gestión de activos públicos. Mientras la justicia y los organismos de control continúan investigando las irregularidades de Hidden Lake, la decisión de otorgarle la propiedad de un activo estratégico como la Central Hidroeléctrica Río Escondido es vista por muchos como un nuevo capítulo en la larga historia de impunidad asociada a Joe Lewis en Argentina.
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