El fallo de la Corte contra Cristina Kirchner es, antes que nada, un golpe de estado judicial contra los derechos democráticos

La corrupción estatal debe ser investigada por un justicia independiente de las camarillas capitalistas nacionales e internacionales.

El fallo de la Corte que confirma la condena e inhabilitación política de Cristina Kirchner tiene un carácter sustancialmente político. La Corte no solamente dictó un fallo – lo precipitó, con conocimiento de la afectación que provocaba a un proceso electoral que se había iniciado en abril en la provincia de Santa Fe. El fallo ha venido a superar el vacío creado por el fracaso del proyecto de “ficha limpia” y, probablemente, por la decisión de CFK de proclamar su candidatura a la elección bonaerense. Si esta decisión era acompañada, ulteriormente, de una unificación electoral de las diversas fracciones de la Unión por Todos, y redundara en una victoria del pejotismo en la mayor provincia del país, quedaría abierta la posibilidad de que pudiera repetirse de inmediato en las elecciones nacionales. Un episodio electoral regular, como la derrota del oficialismo en comicios de medio término, amenazaba poner al desnudo la precariedad política de los liberticidas y convertirse en un golpe letal para el esquema Ponzi de la deuda pública con la que Caputo procura sostener el apoyo de la banca y los fondos internacionales. La posibilidad de que este tipo de ‘accidentes’ menores pudiera desatar crisis sistémicas explica en gran parte la propuesta de Cristina Kirchner de distanciar las elecciones a cuatro años. Una derrota del oficialismo, en especial si incorporaba como aliado a una fracción o todo el macrismo, dejaría expuesta una crisis de conjunto que crece de día en día bajo la superficie. La camarilla de Milei y Caputo había desechado los convites del kirchnerismo para proceder a una reestructuración de la Corte, sea mediante la ampliación de su número, la designación de los dos puestos vacantes, o incluso dividirla en distintas jurisdicciones. El fracaso de la negociación entre el kirchnerismo y la camarilla liberticida, seguramente inviable desde el comienzo, atravesó el largo periplo de las candidaturas de Lijo y Mansilla, a quienes se intentó imponer en forma provisional hasta fines del año. Este conjunto de factores precipitó esta suerte de golpe de estado judicial impuesto por los cortesanos. Encapsulado en los desdoblamientos de varias elecciones provinciales, en especial las porteñas y bonaerenses, saltó el detonante de una crisis política de conjunto. El impasse del triunvirato a que ha quedado reducido el Supremo, con una perspectiva de incorporar conjueces para seguir funcionando, ilustra la precariedad integral del régimen político en presencia.

El fracaso de “Ficha limpia” como mecanismo de inhabilitación política de CFK, impulsó de inmediato a la AmCham, la sucursal del capital norteamericano en el extranjero, a exigir al trío cortesano un rápido desenlace de la crisis. Trump, el más corrupto entre todos los Ejecutivos corruptos del mundo, acompañó a la AmCham con la prohibición del ingreso de la expresidenta los Estados Unidos, con el pretexto de una corrupción que no había tenido aún la convalidación de la Corte. La semejanza, salvando las distancias, con la proclama de todas las cámaras empresariales de Argentina, el 5 de febrero de 1976, con una exigencia similar a las Fuerzas Armadas para que derriben al gobierno moribundo de Isabel Perón, revelan un estilo. El triunvirato supremo admitió, de facto, la función golpista del fallo cuando rechazó elaborar los fundamentos de la decisión de inhabilitar políticamente a CFK, con el propósito de evitar una discusión política generalizada. Evitó dar una respuesta a muchos argumentos de la Defensa, que alegó animosidad política manifiesta de todos los escalones judiciales por los que pasó el procesamiento de CFK, desde la Justicia de Instrucción hasta la la Cámara de Casación Penal. Se trata de una decena de fiscales y jueces que participaron de movilizaciones contra el segundo gobierno de CFK, por ejemplo frente a la muerte del fiscal Nisman, y que también aceptaron dádivas de Clarín, como en el caso del viaje pago a Lago Escondido. Por muchísimo menos que esto, el Superior Tribunal de Brasil revisó la condena impuesta por él mismo a Lula da Silva – cuando alegó una minucia procesal, que la sede judicial del caso debía haber sido la ciudad de São Paulo y no Curitiba, la capital del estado de Paraná, para ordenar la revisión de toda la causa. La Corte argentina, por el contrario, no ha tomado en cuenta causas más sustanciales de revisión, como la animosidad política contra la expresidenta de los fiscales y jueces que participaron de este proceso Han sentenciado bajo la presión de una crisis política y bajo la presión del capital financiero internacional. Como valor agregado, es necesario añadir algo no menor: que CFK se alineado con los BRICS y la Ruta de la Seda en medio de la güerra de Estados Unidos para desalojar a China de América Latina. La versión, sin embargo, de que CFK ha sido “proscripta” por su condición de defensora de los trabajadores y para “destruir” al peronismo, no resiste el menor análisis. Semejante caracterización linda con el despropósito. El gobierno kirchnerista del Proyecto X (infiltración de organizaciones populares); la represión contra los luchadores obreros en las fábricas de la zona norte de la Panamericana comandada por Sergio Berni; el ataque obsesivo de CFK a los docentes, incluida especialmente la fuerte represión en Santa Cruz; el veto al 82% móvil para la jubilación mínima; el ajuste contra las jubilaciones superiores a la mínima, que dieron paso al reclamo Badaro; los acuerdos YPF-Chevron, que CFK ha admitido han sido una anticipo del RIGI para Vaca Muerta de Milei; el apoyo a la privatización menemista de YPF (incluido el paradero desconocido de los aproximadamente mil millones de dólares recibidos por la provincia sureña por esa privatización); una década de menemismo explícito; estas enumeraciones ponen a la expresidenta en el campo opuesto de la clase obrera que lucha por sus intereses inmediatos e históricos. Aunque en una ocasión se autoproclamó, al lado de Hugo Moyano y José Pedraza, “presidenta de los trabajadores”, CFK es una funcionaria del capital, como ella ha reivindicado sin vacilaciones. “Puertas adentro de la empresa, el capitalismo es lo más eficiente que se ha creado”, ha repetido innumerables veces alguien que jamás ha sido operaria y desconoce que “puertas adentro” es el lugar mismo donde se produce la explotación obrera “científica” – cronometrada, supervisada y vigilada por parte del capital. En cuanto al peronismo, hace mucho que ha dejado de ser un partido perseguido y ha pasado a ser, de nuevo, el partido del Estado y del capital (a Menem lo apoyó todo el aparato del peronismo). Y en cuanto a su destrucción, nadie superó en esa tarea a Menem, Duhalde y, últimamente el gobierno “salvador” de los dos Fernández, que se convirtió en la mayor causa eficiente de la llegada de Milei. Hoy, cuando se plantea la movilización para derribar el fallo político condenatorio final contra Cristina Kirchner, destacamos que, por mucho más que ese delito de proscripción, como lo es la “solución final” contra el pueblo palestino, la expresidenta no ha tenido una palabra de condena. Mayor compromiso con el imperialismo, no se consigue.

Nuestro partido, Política Obrera, rechaza la condena y la califica como un golpe de estado judicial promovido por el imperialismo y el gran capital local. Impulsamos la movilización para derribar esa condena política. Tomado en su conjunto, es un golpe judicial contra las libertades ciudadanas y contra el derecho de organización y de huelga de la clase obrera.

El socialismo revolucionario internacional ha tenido una línea política muy clara en cuanto a la lucha contra la reacción política. No solamente ha defendido, contra ella, las libertades democráticas y los derechos individuales – se ha esforzado siempre en tomar la iniciativa de esas luchas. Al mismo tiempo, se ha esforzado al extremo para que no se confunda esa lucha con un apoyo al régimen político patronal, ni a sus políticos. Cristina Kirchner y el peronismo quieren convertir la lucha contra la proscripción en un medio para rescatar el apoyo que perdido entre los trabajadores, y mediante ese rescate volver a operar como un salvataje del régimen capitalista. Lo ha dicho CFK con absoluta claridad: ‘cuando esto se venga abajo, me van venir a buscar a mi y al peronismo’. Son los términos de un ‘diálogo’ con las patronales que se viene repitiendo de década en década por más de un siglo y medio, y que hoy está dirigido a las patronales que apoyan el golpe judicial. Nosotros, los socialistas, nos movilizamos por la derrota incondicional de este golpe judicial, para desarrollar en las masas la tendencia a la emancipación política y social. El peronismo y su jefa, como lo han hecho hasta ahora, buscan una salida negociada a la crisis, mientras prenden las sirenas para anunciar su disposición para que el sistema actual no se derrumbe. Por eso decimos: por la derrota del golpe judicial, ningún apoyo ni solidaridad política al peronismo y a su jefa, cuya cobardía (cuando no su complicidad) llevaron -en 1955, 1966, 1976- a las mayores derrotas de los trabajadores, y han sido luego los responsables fundamentales de las victorias de Macri y Milei. Agitación política entre las masas, ningún compromiso con los partidos patronales de las componendas.

El golpe judicial tiene lugar en el marco de los protocolos de Bullrich y la doctrina Chocobar, y la agitación fascista a favor de “desaparecer al socialismo”. Constituye un refuerzo a esta política de represión y a la campaña de defensa de la masacre en Palestina como una lucha contra el antisemitismo. El Poder Judicial y el gobierno buscan convertir a la lucha contra los crímenes de guerra en un delito penal. El Congreso de la Nación no se ha pronunciado contra esta persecución a los luchadores anti-fascistas. Mientras en el campo revolucionario luchamos contra la persecución contra nuestros adversarios políticos, como una defensa necesaria de los derechos y libertades públicas, estos adversarios procuran confinar esta lucha a los mayores límites posibles y evitar pronunciamientos y movilizaciones contra las guerras de opresión. La lucha por la derrota de las proscripciones políticas debe unirse al combate contra esta agitación fascista.

El propósito de levantar las posibilidades electorales de los liberticidas mediante la eliminación judicial de sus adversarios del momento, está condenada al fracaso. Es una manifestación de impasse y hasta de desesperación política. A mayor endeudamiento usurario, mayor ajuste para solventarlo. El desafío histórico para la clase obrera sigue siendo el mismo, construir una fuerza política independiente y desarrollar una consciencia política. Unamos el objetivo de derrotar el fallo golpista a las reivindicaciones fundamentales de los trabajadores, porque la derrota real de la ofensiva de la derecha capitalista sólo puede ser el resultado de una acción de masas.