EL AJUSTE YA NO ENTRA EN EL BOLSILLO

Por estos días, para millones de argentinos la discusión económica ya no pasa por los índices que publica el Gobierno, sino por una realidad mucho más concreta: llegar a fin de mes.

La electricidad, el agua, el transporte público, los alquileres, los combustibles, los alimentos y hasta productos básicos como el aceite registraron fuertes incrementos en los últimos meses. La lista podría seguir. Lo que antes representaba una parte importante del presupuesto familiar, hoy se convirtió en una carga que asfixia a trabajadores, jubilados, comerciantes y pequeños empresarios.

Durante la campaña presidencial, Javier Milei prometió un país donde la reducción del Estado y de los impuestos terminaría beneficiando directamente a los ciudadanos. El mensaje era simple: con menos intervención estatal, los argentinos vivirían mejor y los precios encontrarían un equilibrio. Muchos de sus seguidores sostenían que «todo iba a bajar», mientras ridiculizaban a quienes advertían sobre las consecuencias de un fuerte ajuste.

A más de dos años del inicio de la gestión, la realidad parece ir en otro sentido. Los servicios esenciales aumentaron muy por encima de los ingresos de una gran parte de la población. Las tarifas dejaron de ser un gasto más para transformarse en una preocupación permanente.

El Gobierno insiste en destacar la desaceleración de la inflación como el principal logro económico. Sin dudas, bajar la inflación es un objetivo importante para cualquier administración. Sin embargo, ese dato estadístico pierde fuerza cuando una familia observa que, aun con una inflación menor, cada vez puede comprar menos alimentos, pagar menos servicios o afrontar con mayor dificultad el alquiler.

El propio debate económico comenzó a girar sobre una pregunta inevitable: ¿de qué sirve una inflación más baja si el salario continúa perdiendo capacidad de compra frente al costo de vida? Diversos estudios privados y análisis de economistas, incluso algunos cercanos al pensamiento liberal, vienen señalando que amplios sectores de trabajadores todavía no lograron recuperar el poder adquisitivo perdido durante este período.

Mientras tanto, desde el discurso oficial se insiste en que los argentinos disponen de más dinero gracias a la baja de la inflación. Pero esa afirmación encuentra resistencia en la experiencia cotidiana. La economía doméstica no se mide únicamente por porcentajes o gráficos: se mide en la mesa familiar, en la boleta de luz, en el tanque de combustible, en el boleto de colectivo y en la posibilidad —cada vez más difícil— de ahorrar algunos pesos para afrontar una emergencia.

Existe además una creciente desconexión entre el relato oficial y la percepción social. Las estadísticas son herramientas indispensables para analizar la economía, pero no pueden convertirse en el único parámetro para evaluar el bienestar de una sociedad. Cuando los números parecen contradecir lo que viven millones de personas, el problema ya no es solamente económico: también es político.

La paciencia social no es infinita. El malestar se acumula lentamente y muchas veces no encuentra una expresión inmediata. Sin embargo, la historia argentina demuestra que cuando las condiciones de vida se deterioran de manera sostenida, llega un punto en el que la sociedad comienza a exigir respuestas más allá de los discursos.

Hoy el vaso parece estar cada vez más lleno. La pregunta ya no es únicamente cuánto más aumentarán las tarifas o cuánto seguirá deteriorándose el poder adquisitivo. La verdadera incógnita es hasta cuándo quienes gobiernan podrán sostener un diagnóstico que una parte importante de la población siente cada vez más alejado de la realidad cotidiana.

Porque, al final del día, la economía no se explica únicamente desde un despacho ni desde una conferencia de prensa. Se explica en cada hogar donde una familia debe decidir si paga una factura, llena la heladera o resigna alguna necesidad básica para poder llegar al próximo sueldo.

Credito NotiDigital

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