La pregunta que el Gobierno evitó responder durante meses ahora quedó escrita en un fallo judicial: ¿qué pasó con el oro argentino enviado al exterior? Este lunes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central (BCRA) que brinde información pública detallada sobre el destino de los lingotes despachados fuera del país en 2024, al considerar que el Ejecutivo se amparó en “meras afirmaciones genéricas” para ocultar datos clave.
La decisión fue tomada por la Sala V, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, que revocaron un fallo de primera instancia y concluyeron que no existen razones suficientes para mantener bajo reserva total una operación que involucra activos estratégicos del Estado. Según el tribunal, el manejo de esa información debe regirse por los principios democráticos de transparencia, publicidad y máxima divulgación.
El fallo cuestiona de manera directa la respuesta del Banco Central —conducido por Santiago Bausili— al pedido de acceso a la información pública que dio origen a la causa. Para los magistrados, el organismo no explicó el destino del oro, los motivos de la decisión ni los riesgos asumidos, y se limitó a argumentos vagos que no justifican el secreto.
La Cámara también remarcó que el Gobierno ni siquiera informó a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el movimiento de las reservas, un dato que refuerza las sospechas sobre la falta de control institucional y la opacidad con la que se ejecutó la medida.
El expediente se originó en 2024, luego de reiteradas negativas del Gobierno nacional a responder solicitudes de acceso a la información pública. Los pedidos apuntaban a conocer cuántos lingotes se enviaron, a qué países o entidades, bajo qué condiciones, qué funcionarios tomaron la decisión y qué respaldo normativo tuvo la operación.
Ante el silencio oficial, en septiembre del año pasado la Asociación Bancaria, encabezada por el diputado nacional Sergio Palazzo, presentó un recurso de amparo para obligar al Estado a transparentar las operaciones vinculadas a las reservas internacionales del Banco Central y el envío de oro al exterior, información que hasta ese momento permanecía blindada.
En la causa aparecen señalados tanto el titular del BCRA como el ministro de Economía, Luis Caputo, amigo y socio político de Bausili, a quienes se les atribuye responsabilidad en una decisión que compromete activos estratégicos del país.
El fallo deja al desnudo una práctica peligrosa: manejar el patrimonio nacional como si fuera un secreto privado. El oro no es del Gobierno de turno ni del Banco Central, es de los argentinos. Y cuando la Justicia tiene que preguntar dónde están las reservas, lo que está en juego no es solo una operación financiera, sino la transparencia, el control democrático y la confianza pública. El oro salió del país; ahora el Gobierno tendrá que explicar por qué… y para quién.
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