Fueron seis los viajes que realizó el senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, desde febrero hasta el día de ayer, cuando fue detenido en la frontera paraguaya con 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar. El legislador, un peronista tan cercano al gobierno que, al ser detenido, se identificó como “del partido de la Libertad Avanza”, primero se alineó con el albertismo y luego se acopló rápidamente al oficialismo. Votó a favor de la Ley de Bases y se vinculó estrechamente con Victoria Villarruel y Santiago Caputo. En un breve cruce con los medios, Milei dijo que «lo de Kueider era un problema del kirchnerismo». Una historia típica de la «casta». Por ANRed.
¿A qué se dirigía Kueider en su sexto viaje, acompañado por su secretaria y con 200 mil dólares en efectivo? El senador declaró recientemente que no puede dar cuenta de ese dinero, alegando que no le pertenece. Será muy difícil justificar su intento de ingresar dinero no declarado a Ciudad del Este, localidad de Paraguay.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ha iniciado una investigación para determinar si el dinero que transportaba el legislador peronista está relacionado con delitos de enriquecimiento ilícito o lavado de dinero.
Kueider fue uno de los legisladores colaboracionistas dentro del peronismo. Allegado desde el albertismo, rápidamente se consolidó como aliado del gobierno de Javier Milei. Su apoyo a la reciente Ley de Bases, impulsada por el oficialismo, refuerza las sospechas de que el dinero que transportaba podría haber sido parte de un pago por su respaldo a dicha ley. Aunque las sospechas se extienden sobre su dudosa declaración patrimonial y la relación con propiedades y empresas.
Al ser interrogado por la policía fronteriza, Kueider se identificó como miembro del oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel lo había designado presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, una posición clave. Además, durante las negociaciones de la Ley de Bases, el senador mantuvo una relación estrecha con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien lo postuló para la bicameral de Inteligencia y hasta llagaron a ofrecerle la embajada argentina en Uruguay.
Los viajes a la ciudad paraguaya siempre fueron realizados con su secretaria, Iara Magdalena Guinzel Costa, y en el mismo vehículo por la misma ruta terrestre. Su secretaria también está siendo investigada ya que hay inmuebles a su nombre que podrían corresponder a Kueider.
Las imágenes captadas por las cámaras documentan lo que parece ser el primer escándalo de “casta” dentro del gobierno. Kueider solicitó licencia en lugar de renunciar, tal vez a pedido del oficialismo, que podría perder una banca y parte del control en la Cámara Alta.
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En tono similar, habían surgido imágenes de Martín Insaurralde paseando en un yate con una mujer en las playas de Marbella, días antes de las elecciones. ¿Cómo intentará el gobierno desvincularse de una historia tan representativa de la «casta»?
Martín Insaurralde, se lo ve con una mujer en un yate de lujo en el Mediterráneo.
El locuaz Ramiro Marra ya anticipó la respuesta oficial: una justificación sobre la necesidad de conseguir votos en la Cámara. ¿Es este el argumento típico de la «casta»?
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La investigación apenas comienza, pero ya ha revelado que el senador posee propiedades en distintas localidades de Entre Ríos, incluidos departamentos en Paraná. El fiscal José Arias, a cargo de la investigación, también está investigando a la empresa Betails S.A., de la cual el senador sería dueño del 50% de las acciones, según su última declaración patrimonial. Betails S.A. comenzó con un capital de solo 100 mil pesos, una cifra mínima para una empresa dedicada al ganado, que, además, es sospechosa de no tener actividad.
Kueider también está siendo investigado por enriquecimiento ilícito en el marco de la causa Securitas, en la que se lo acusa de haber pagado sobornos a organismos públicos, específicamente a la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENARSA), de la cual el senador fue director, de cuya investigación está a cargo la jueza Sandra Arroyo Salgado.
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