Hubo un tiempo en que Javier Milei era, para buena parte de los medios de comunicación, un personaje televisivo. Sus gritos, sus exabruptos y sus formas rupturistas lo convertían en un invitado atractivo para los programas de debate.
Aquella construcción mediática terminó llevándolo primero a la Cámara de Diputados y luego a la Presidencia de la Nación.
Sin embargo, a esta altura de los acontecimientos, ya no alcanza con analizar al personaje. Lo que está en discusión es el ejercicio del poder. Y esa diferencia es sustancial.
Los países que aspiran a instituciones fuertes difícilmente puedan naturalizar que quien ocupa la máxima magistratura convierta el insulto hacia quienes piensan distinto en una forma cotidiana de hacer política. Tampoco resulta menor que buena parte de sus viajes al exterior parezcan responder más a afinidades ideológicas o actividades personales que a una agenda diplomática destinada a defender intereses concretos de la Argentina. La reciente presencia en Brasil para participar de actividades vinculadas al espacio político de la familia Bolsonaro vuelve a abrir ese debate.
Más allá de las simpatías o rechazos que pueda generar el Presidente, la pregunta que debería poder formularse en democracia, sin que eso implique ser acusado de «golpista», es otra: ¿está gobernando para mejorar la vida de la mayoría de los argentinos?
Porque gobernar no consiste solamente en firmar decretos, vetar leyes o confrontar en redes sociales. Gobernar implica administrar un país real, con problemas reales y millones de personas que esperan respuestas concretas. Muchas veces pareciera que Milei gobierna una especie de «Liberlandia» imaginaria, donde las consecuencias sociales de cada decisión simplemente no existen.
Su discurso original contra «la casta» también terminó diluyéndose con rapidez. Quien prometía combatir a la vieja política terminó incorporando a sectores enteros provenientes del PRO, del menemismo e incluso de espacios políticos que durante años cuestionó con dureza. Aquella consigna que sedujo a tantos terminó chocando con la práctica cotidiana del poder.
Tal vez una de las cuestiones más preocupantes sea la escasa capacidad de reacción social frente al deterioro que atraviesa el país. Existe una sociedad cansada, resignada, que parece esperar que los problemas se resuelvan solos. Otra parte, más reducida pero muy activa, celebra cada medida bajo la consigna de que «este es el camino», aun cuando muchos de quienes sostienen ese discurso hoy viven objetivamente peor que hace algunos años.
Te puede interesar
En ese contexto, el odio se transformó en un elemento permanente del debate público. Desde el propio poder se construye un clima de confrontación constante que luego encuentra eco en sectores de la sociedad. Se habla de tolerancia mientras se descalifica al que piensa distinto. Se reivindica la libertad mientras se intenta silenciar cualquier voz crítica.
Mientras esa discusión ocupa el centro de la escena, otras cuestiones avanzan con mucho menos debate público. La apertura de sectores estratégicos a grandes corporaciones extranjeras, los proyectos vinculados a recursos naturales, las discusiones sobre la propiedad de la tierra, el rol del Estado en áreas sensibles y las condiciones bajo las cuales se negocian inversiones merecerían un nivel mucho mayor de transparencia y deliberación democrática.
Al mismo tiempo, los indicadores económicos muestran dificultades que trascienden la discusión ideológica. La caída del empleo registrado, las dificultades que atraviesan miles de pequeñas y medianas empresas, el retroceso del consumo y el crecimiento del trabajo informal forman parte de una realidad que impacta todos los días sobre millones de familias.
Paradójicamente, incluso economistas identificados con posiciones liberales comenzaron a expresar reparos sobre la sostenibilidad del programa económico. Se discute el aumento del endeudamiento, los mecanismos utilizados para refinanciar obligaciones financieras y la carga que podrían asumir futuras administraciones. Ya no se trata únicamente de críticas provenientes de la oposición política.
En materia social también aparecen contradicciones. La ministra Sandra Pettovello anunció modificaciones en distintos programas, como Volver al Trabajo, pero el Estado continúa sosteniendo una importante asistencia social. No parece responder solamente a una convicción, sino también a una realidad evidente: retirar de manera abrupta toda contención social en un contexto de deterioro económico podría generar consecuencias imprevisibles. Incluso quienes impulsan un fuerte ajuste parecen comprender que existe un límite que no puede ignorarse.
Mientras tanto, gran parte de la dirigencia opositora permanece inmersa en sus propias especulaciones electorales. Con excepciones, muchos parecen apostar exclusivamente a que el desgaste del Gobierno se resolverá en las próximas elecciones. Sin embargo, la democracia no se limita al acto de votar cada determinados años. También exige control ciudadano, debate permanente, participación política y capacidad de señalar aquello que se considera perjudicial para el interés colectivo.
La Argentina atraviesa un momento de enorme complejidad. Lo económico, lo social y lo institucional se entrelazan en una crisis que excede a un solo gobierno, pero que encuentra en la actual administración decisiones que generan profundas controversias.
La pregunta final no debería ser solamente cuánto tiempo puede sostenerse este modelo económico. La pregunta de fondo es otra: ¿en qué momento la sociedad volverá a discutir colectivamente qué país quiere construir antes de que muchas de esas decisiones se vuelvan irreversibles?
Por Claudio Gambale.
Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS