Detrás de una frase que utiliza recurrentemente el actual presidente de la Nación, podemos desandar y profundizar sobre cuál es efectivamente el “fenómeno barrial” provocado por sus políticas en materia de hábitat e integración comunitaria. En el fondo de las grandes ciudades argentinas, una realidad históricamente silenciada marca su existencia con fuerza: los barrios populares, villas y asentamientos, donde millones de argentinos y argentinas luchan diariamente por la supervivencia. Esta lucha se ha intensificado desde diciembre de 2023, bajo una gestión nacional que ha optado por el desmantelamiento sistemático de las políticas públicas diseñadas para abordar décadas de exclusión y marginalidad, exacerbando la precariedad y alimentando un caldo de cultivo para la desesperanza y la inseguridad. La Argentina de los barrios populares es la Argentina que el discurso oficial de Milei parece empeñado en ignorar. Por Matías Mora Cáceres, para ANRed.
Detrás de una frase que utiliza recurrentemente el actual presidente de la Nación, podemos desandar y profundizar sobre cuál es efectivamente el “fenómeno barrial” provocado por sus políticas en materia de hábitat e integración comunitaria.
En el fondo de las grandes ciudades argentinas, una realidad históricamente silenciada marca su existencia con fuerza: los barrios populares, villas y asentamientos donde millones de argentinos y argentinas luchan diariamente por la supervivencia. Esta lucha se ha intensificado desde diciembre de 2023, bajo una gestión nacional que ha optado por el desmantelamiento sistemático de las políticas públicas diseñadas para abordar décadas de exclusión y marginalidad, exacerbando la precariedad y alimentando un caldo de cultivo para la desesperanza y la inseguridad. El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), instrumento clave para comprender y actuar sobre esta realidad, registraba hasta su última actualización 6.467 barrios populares en todo el territorio nacional, hogar de casi un millón de niñas, niños y adolescentes , de los cuales al menos un 63% percibe de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para subsistir. Este registro era la base cartográfica y social para una política de Estado ambiciosa: la Integración Socio Urbana.
La esencia de esta política era transformar las condiciones de vida mediante el abordaje de distintos ejes, entre ellos: La mejora habitacional (construcción de viviendas nuevas, mejoramiento de las existentes como el programa MI PIEZA); La integración urbana del barrio a la ciudad (apertura de calles, infraestructura básica -agua potable, cloacas, electricidad, gas-, conectividad urbana, equipamientos comunitarios como centros de salud y escuelas); El desarrollo económico y social (capacitación en oficios, mejora de la seguridad). El organismo rector, la ex Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), era el eje articulador. Sin embargo, la decisión del gobierno de Javier Milei fue clara y contundente: el desguace. La SISU fue desmantelada, sus programas paralizados y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), vital para financiar las obras de urbanización, fue eliminado por decreto.
La eliminación del FISU no pasó desapercibida ni quedó impune. Los vecinos/as y las organizaciones sociales y de derechos humanos reaccionaron con celeridad. Como reportó el CELS , la Justicia Federal intervino repetidamente, intimando al Ministerio de Economía a reintegrar el fondo para completar las obras paralizadas en decenas de barrios. En un revés judicial significativo, los tribunales ordenaron «terminar obras en 37 barrios populares y reinstalar el fondo que las financiaba», señalando la ilegalidad e inconstitucionalidad de la medida gubernamental que pretendía dejar a millones de familias sin acceso a servicios básicos esenciales. Este pulso judicial es un síntoma de la resistencia contra un abandono planificado, pero no resuelve el problema de fondo: la ausencia total de una política nacional de hábitat y urbanización. El desmantelamiento no se limitó al FISU. Programas fundamentales como Procrear, que impulsaban el acceso a la vivienda y la integración social a través de políticas habitacionales inclusivas, también fueron gravemente recortados. Del mismo modo, se desmantelaron áreas del Estado encargadas de la planificación urbana y territorial. Se desarticuló de manera deliberada la estructura institucional que había sido construida con esfuerzo para dar respuesta a la crisis habitacional del país.
Las consecuencias de esta política son profundas y se expanden como una mancha de aceite en la vida cotidiana de los barrios. La caída brutal del consumo , consecuencia del ajuste económico, la disparada inflacionaria, el proceso devaluatorio, la licuación de salarios y el congelamiento de programas sociales como el Salario Social Complementario, golpea con especial crudeza a estos territorios. Los ingresos de las familias, ya de por sí míseros, son insuficientes para cubrir la Canasta Básica Alimentaria. Según estimaciones que han realizado las organizaciones sociales, el ingreso promedio en muchos barrios populares ronda apenas entre el 40/50% de lo necesario para no ser considerado pobre, hundiendo a las familias en una pobreza estructural aún más profunda.
La poca actividad económica formal se contrae, y el trabajo informal, siempre precario, se vuelve aún más inestable. Este escenario es el caldo de cultivo perfecto para la desesperanza , un sentimiento que ha encontrado un eco dramático en las nuevas generaciones. Estudios recientes pintan un panorama desolador: El 40% de los jóvenes de barrios populares no cree tener futuro y 7 de cada 10 jóvenes en barrios populares no creen que saldrán de la pobreza. Surge de un estudio realizado por el Centro de Investigación y Acción Social CIAS, de los jesuitas y de FUNDAR que «la mayoría de los jóvenes que viven en barrios populares del AMBA creen que no van a dejar de ser pobres». De esta manera lo manifestaba Martín, un vecino de Lomas de Zamora: “Es imposible para los jóvenes pensar en un futuro mejor con esta Argentina, con trabajos donde nos explotan y son mal pagos, donde el colectivo aumenta siempre y encima nos comemos la inseguridad de no saber si salimos de casa y nos van a robar”. Esta pérdida de horizonte, esta sensación de futuro cancelado, es quizás la herida más profunda y peligrosa que está dejando el abandono estatal.
Siguiendo el hilo conductor, no podemos dejar de mencionar el rol de las mujeres, que no solo son sostén de sus hogares, sino también las principales organizadoras de la vida comunitaria. A la carga de las tareas domésticas y del cuidado (que realizan casi en exclusividad) se suma el trabajo informal o precarizado y un tercer nivel de responsabilidad: la participación en comedores, cooperativas, centros comunitarios y espacios de salud y educación popular. Esta triple jornada laboral es invisibilizada y raramente reconocida como trabajo, parafraseando a la escritora Sofia Corrazza, para las mujeres pobres no existen las trazas urbanas lineales del tipo “del trabajo a la casa y de la casa al trabajo”. Asimismo, como evidencian relevamientos de Oleada y TECHO, estas mujeres enfrentan además altos niveles de inseguridad, desigualdad en el acceso a servicios básicos, sobrecarga física y emocional, y escasa presencia estatal. Sin embargo, son ellas quienes construyen soluciones colectivas donde el Estado se retira, quienes reclaman derechos y quienes, con enorme esfuerzo, sostienen la dignidad en condiciones extremadamente adversas.
Imagen: Infocielo.
En este vacío de políticas públicas y de esperanza, surgen otras realidades oscuras. La violencia, en sus múltiples formas, gana terreno. Los conflictos vecinales se exacerban por la presión económica y la falta de espacios de contención. Pero es el avance del narcotráfico el fenómeno más alarmante y directamente vinculado a la ausencia del Estado. La falta de oportunidades laborales genuinas, la deserción escolar forzada por la necesidad, y la percepción de impunidad crean un escenario propicio para que las redes del crimen organizado recluten a jóvenes ofreciendo ingresos inmediatos y un sentido de pertenencia y de identidad que el Estado les niega. Es una relación perversa: la falta crónica de políticas de integración sociourbana – la ausencia de calles pavimentadas y alumbradas, la falta de espacios públicos seguros, la dificultad para acceder a educación y salud de calidad, la imposibilidad de regularizar la propiedad de la tierra – genera las condiciones de marginalidad que el narcotráfico explota. No es casualidad que las zonas más abandonadas por el Estado sean las más permeables a estas economías ilegales. La seguridad no se resuelve únicamente con más policías en las esquinas; se construye, esencialmente, con inclusión social, urbana y económica. Al desmantelar las herramientas para esa inclusión, el gobierno nacional está, en los hechos, alimentando la inseguridad que dice combatir.
Frente a este desamparo estatal, la verdadera resistencia y la construcción de futuro emergen desde los sectores populares, desde el tejido social de los propios barrios. Las estrategias de organización y las redes comunitarias se han convertido no solo en un salvavidas, sino en la única expresión concreta de soberanía y dignidad. Los comedores y merenderos comunitarios, muchos de ellos sostenidos por mujeres que cocinan con lo poco que consiguen mediante donaciones o de sus propias magras economías, son la trinchera contra el hambre. «Sin el comedor de la vecina, mis hijos no comerían todos los días. Acá juntamos lo que podemos, a veces es solo un plato de guiso, pero es lo que hay», relata Cristina, referente de un comedor en Lanús, reflejando una realidad que se repite en miles de espacios similares. Las ferias y emprendimientos productivos, las huertas comunitarias, los talleres de oficios, son ejemplos de una economía popular que busca generar ingresos y trabajo desde la solidaridad y el arraigo territorial. Las asambleas vecinales, las cooperativas de trabajo para mejorar infraestructuras básicas (como desagües o pasillos) y las redes de alerta y contención ante situaciones de violencia de género o adicciones demuestran una capacidad organizativa formidable. «Nosotros nos organizamos para hacer lo que no hace el Estado, para ayudar a la vecina enferma que no puede ir al hospital sola, para cuidar a los pibes. El Estado no está, pero está la organización del pueblo«, explica Tania, vecina de Villa Fiorito, poniendo voz a esa resiliencia colectiva. Estas redes son el único dique contra la desintegración del tejido social.
Imagen: Data Bonaerense.
Sin embargo, esta resistencia comunitaria tiene un límite claro: la demanda constante y creciente y los recursos. Las ollas populares no pueden sustituir una política alimentaria integral. La organización vecinal no reemplaza una política nacional de urbanización que garantiza los servicios para todos y tampoco los programas alimentarios que daban un piso de acceso para poder parar la olla. Los pequeños emprendimientos no generan los kilómetros de puestos de trabajo formal que se necesitan. La contención comunitaria no puede suplir la ausencia de un sistema de salud y educación pública robusto y cercano. La comunidad sostiene, pero el Estado debe construir las bases para una vida digna. La integración socio-urbana no es un gasto, es una inversión estratégica en seguridad humana, en desarrollo económico y en paz social . Es la única vía para revertir la exclusión que fractura nuestras ciudades y condena a generaciones enteras.
La Argentina de los barrios populares es la Argentina que el discurso oficial de Milei parece empeñado en ignorar. Pero es una Argentina real, presente y luchadora. Ignorar su sufrimiento y desoír las necesidades es condenar al país a una fractura social insalvable y a una espiral de violencia e inseguridad que ya se vislumbra. La desesperanza de las juventudes, el avance del narcotráfico, la violencia cotidiana, no son fenómenos aislados; son el resultado directo de décadas de abandono agravadas por una política de ajuste que recorta derechos en lugar de construir soluciones. Frente a esto, la organización vecinal es un faro, pero no basta. Urge una nueva forma de pensar la política y al Estado: reinstalar con fuerza y recursos las políticas de hábitat y urbanización popular, reconstruir el entramado institucional desmantelado, garantizar el pleno funcionamiento de los programas de vivienda y poner en el centro de la agenda nacional la integración socio-urbana como política de Estado fundamental para la seguridad, el desarrollo y la justicia social. Solo así se podrá empezar a sanar las heridas de la exclusión y construir un futuro donde todos los jóvenes, sin excepción, puedan creer que tienen un porvenir en este país.
Si hay algo claro es que el fenómeno barrial se da en dos sentidos, por un lado la propuesta por Javier Milei, el de la exclusión, la marginalidad, la deshumanización y la pobreza; por otro lado, la respuesta que busca construir la comunidad, el de la organización, la solidaridad, la empatía y el trabajo.
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