Mientras desde el Gobierno levantan con una hipocresía sin límites la bandera de que Javier Milei y compañía son enemigos de la corrupción, tirando indefectiblemente la pelota siempre para el lado de los K, Alejandro Vilches, quien hasta hace días ejercía el cargo de secretario nacional de Discapacidad, presentó una denuncia a la Justicia por sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de su antecesor, Diego Spagnuolo.
En su denuncia, alude a presuntos “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”. Desde precios que eran hasta 4.239% más altos que los abonados por otras reparticiones públicas como el PAMI, fuera por el mismo insumo o uno similar, hasta supuestos “errores” de categorización, además de productos importados más caros y con menor durabilidad que los nacionales.
Ya meses antes de presentar su renuncia indeclinable, Vilches, alertó a la Justicia federal sobre un cuadro dramático: reportó que, en los meses previos a su arribo, el área pagaba insumos médicos y ortopédicos con facturas presentadas sin licitación ni compulsa previa, a precios de hasta 20 veces los que abonaba el PAMI o el mercado, a un grupo reducido de proveedores con vínculos familiares y societarios entre sí, mientras sus controles, registros y padrones (con presos y más de 178.000 fallecidos incluidos) no permitían rastrear ni frenar el gasto. Ejemplo de eso es el pago de la misma factura en dos oportunidades.
Vilches cargó con dureza sobre la gestión de su antecesor al frente del área de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien fue desplazado en medio de un escándalo, en agosto de 2025, en plena campaña electoral. La auditoría interna calificó como “irregularidades de gravedad” los problemas detectados en las contrataciones y describió “sobreprecios sistemáticos”, “ausencia de procedimientos administrativos adecuados”, además de “debilidades estructurales”, “falencias”, “demoras” y “problemas” en distintos circuitos de la agencia. El relevamiento apuntó a nueve proveedores de insumos médicos y ortopédicos en particular que facturaron al Estado más de $25.000 millones.
Vilches presentó sus conclusiones ante el Juzgado Federal que investiga el presunto cobro de sobornos en la Andis, con reportes reservados de octubre y diciembre de 2025 y abril de este año y documentos oficiales. Cinco meses después, y en medio de los recortes presupuestarios al área de Discapacidad, presentó su renuncia indeclinable, con efecto inmediato.
En esas presentaciones, Vilches apuntó contra Spagnuolo y un puñado de empresas proveedoras del Estado como Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud SRL, Ortopedia Bernat SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical SRL y Expo Trauma SA, que emitieron facturas a pagar por la Andis por más de $25.661 millones, según dos relevamientos de más de 500 expedientes administrativos.
Esos hallazgos también incluyeron la detección de sobreprecios en la facturación a Andis, de hasta 4.239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis en comparación a referencias de mercado utilizadas por técnicos del Ministerio de Salud. Esto también se suma a una auditoría que alertó sobre un desfasaje de $158.000 millones por deuda exigible no registrada en el área de Discapacidad.
Por su parte, el equipo que reportó a Vilches en el área de Discapacidad detectó “desvíos de precios” a los que llegaron a calificar como “inauditos”. Entre los casos más llamativos que enviaron al fiscal federal Franco Picardi y el juez por entonces a cargo de la pesquisa, Sebastián Casanello, citaron el de Farma Salud. Le cobró $425 millones a la Andis por un sistema de válvulas bicaval transcatéter en julio de 2025, mientras que el PAMI había adjudicado a otra firma por $124,2 millones marzo de ese año.
Otros ejemplos de sobreprecios abundaron en los reportes que Vilches remitió a los tribunales federales de Comodoro Py. Una endoprótesis aortobilíaca con endoprótesis ilíaca bifurcada se facturó a la Andis por $369,8 millones, contra $17,85 millones que había pagado el PAMI por una endoprótesis aórtica torácica autoexpandible; es decir, más de 19 veces el precio abonado por el organismo previsional. Y una válvula pulmonar autoexpandible le costó $295,1 millones al área de Discapacidad en tiempos de Spagnuolo, frente a $36,4 millones en el PAMI.
Estos y otros ejemplos concretos surgen de la “auditoría interna integral” que dispuso Vilches cuando tomó el control del área de Discapacidad en agosto de 2025. Asumió, tras la salida de Spagnuolo, afectado por la difusión de audios atribuidos a él en los que se alude a supuestos retornos de entre el 5% y 8%, con la alusión a Karina Milei, con un porcentaje del 3%. Esos audios están siendo peritados.
Spagnuolo y otros 18 imputados, entre los que figuran ex funcionarios de la Andis como Daniel Garbellini y proveedores del Estado como Miguel Ángel Calvete, afrontaron otro revés en los tribunales, esta semana. La Cámara Federal confirmó sus procesamientos como miembros de una presunta asociación ilícita que habría funcionado como un grupo paraestatal que logró cooptar la agencia de Discapacidad y manejarla en función de sus intereses.
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