Tras el paro de la empresa Intercargo en Aeroparque y Ezeiza, el Gobierno oficializó la desregulación del servicio de rampa en todos los aeropuertos, y por eso mismo las empresas privadas podrán operar allí.
En un gesto que revela el desprecio del Gobierno libertario por la actividad gremial y los trabajadores en general, el vocero presidencial Manuel Adorni no dudó en definir como “terrorismo sindical” la medida de fuerza que afectó la entrega y retiro de equipajes.
Al anunciar la desregulación del servicio de rampas, dijo que el objetivo es “terminar con el monopolio” de la empresa Intercargo, en medio del conflicto por las asambleas de trabajadores que ocasionaron demoras en los vuelos.
Y en este contexto, ya quedaron habilitadas las fuerzas de seguridad para “explotar”, en casos de emergencia y “de manera temporal y excepcional”, los “servicios aeroportuarios, operacionales y de rampa en general” en los aeropuertos.
Indicó Adorni que la medida se aplicará para que “ningún terrorista sindical tome de rehén a un pasajero y arruinarle sus vacaciones, su viaje laboral o su viaje por temas médicos, o negarse a hacer su trabajo al retener las valijas de los pasajeros”.
De esta manera, el Gobierno Nacional aprobó la Resolución 49/2024, habilitando a las fuerzas de seguridad y operadores privados para prestar servicios de rampa en los aeropuertos del país.
Esta disposición, impulsada por la Secretaría de Transporte en conjunto con los ministerios de Seguridad y Desregulación y Transformación del Estado, autoriza a personal de seguridad o a cualquier entidad privada que cumpla con los requisitos necesarios a realizar tareas de apoyo en tierra en los aeropuertos nacionales.
La gestión de Javier Milei tiene un frente abierto en Intercargo. Esta semana, el conflicto en esa compañía que se encarga del servicio de rampas y del manejo de equipaje, y que depende de la Secretaría de Transporte, se intensificó debido a que el gremio que representa a los trabajadores de la firma, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) -comandado por Edgardo Llano-, realizó medidas de fuerza que el miércoles complicaron la operatoria, sobre todo en Aeroparque.
“La instrucción del Presidente, del ministro [de Economía, Luis Caputo] y de quien les habla es llevar esto hasta las últimas consecuencias, para que no quede impune y paguen lo que tienen que pagar, los que hicieron esta barbaridad, que no se vivió jamás en la historia de la aviación”, sostuvo el secretario de Transporte, Franco Mogetta sobre la medida.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a su vez, anunció: “Estoy instruyendo por orden del Presidente de la Nación a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al resto de las fuerzas federales de seguridad a descargar de manera inmediata el equipaje de las aeronaves, mientras dure la actuación excepcional motivada por esta huelga brutal y salvaje de los operadores de la empresa Intercargo. Esta resolución entra en vigencia desde el momento en que se ha comunicado”.
Minutos después, Prefectura se apersonó en Aeroparque para ocuparse de las tareas de Intercargo. El objetivo es que, pese a medidas de fuerza gremial como paros y asambleas, los vuelos no se demoren.
El operativo de seguridad incluyó varios vehículos de Prefectura y del cuerpo de Infantería de la Policía Federal. A su vez, la PSA aumentó la dotación de efectivos en la terminal.
También en Ezeiza se amplió la seguridad. Infantería y Prefectura se ubicaron en el puente desde donde inicia la autopista a Cañuelas ante el temor de que una protesta de ATE intentara cortar el acceso.
Por su parte, el líder de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, aseguró que “los pasajeros nunca estuvieron de rehenes, en ningún momento”, y aclaró que los pasajeros bajaban de los aviones conforme llegaban los micros que los transportaban. Insistió en que “la demora fue en la entrega de equipajes hasta la tarde, pero los pasajeros bajaron en tiempo y forma”. Además, Llano expresó sorpresa por las declaraciones de las autoridades: “Nos quieren comparar con el grupo Hamas pero nunca haríamos eso, nunca lo hacemos”.
“Adorni nos acusa de terrorismo sindical, cuando lo que estamos haciendo es ejercer el libre derecho que otorga la Constitución de medida de fuerza, o de una huelga que en este caso fue una asamblea. Pero en ningún momento hubo reportes en el servicio médico del aeropuerto de que haya descompensados o no, más allá de que son cosas que pueden pasar” subrayó el dirigente.
La tensión entre el gremio APA y el Gobierno parece lejos de resolverse. La reunión prevista para las próximas horas entre los gremios y Aerolíneas Argentinas será clave para el futuro de las negociaciones.
Sin embargo, con las recientes declaraciones de Bullrich y el aumento de las críticas desde el Ejecutivo, es probable que se endurezca la postura gubernamental frente a las medidas de fuerza en el sector aeronáutico. A su vez, si el Gobierno avanza en sus planes para privatizar Aerolíneas Argentinas y reestructurar Intercargo, el enfrentamiento con los gremios podría intensificarse.
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