En un contexto marcado por la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y la dificultad creciente para sostener un comercio formal, el Municipio de Tres de Febrero volvió a poner el foco en la llamada “competencia desleal” y anunció nuevos operativos de Fiscalización y Control del Espacio Público contra la instalación de manteros en zonas comerciales del distrito.
Desde el gobierno municipal señalaron que el objetivo es “cuidar el orden de las calles, garantizar la libre circulación de peatones y vehículos y combatir la competencia desleal”, argumentando que quienes tienen un comercio habilitado y pagan sus tasas deben competir bajo las mismas condiciones.
El reclamo de los comerciantes formales tiene una lógica: muchos pequeños negocios atraviesan una situación compleja, con alquileres elevados, aumentos de servicios, caída de ventas y una fuerte presión impositiva. Para quienes sostienen un local abierto, resulta difícil aceptar que otros puedan vender en la vía pública sin afrontar los mismos costos.
Sin embargo, el debate aparece cuando se observa la otra cara de la realidad: miles de personas que, ante la falta de empleo formal y la necesidad de generar ingresos para sus familias, recurren a la venta ambulante o a pequeños emprendimientos informales como única alternativa para sobrevivir.
La pregunta que surge es si la respuesta del Estado debe limitarse al control y la sanción o si también debe contemplar políticas que permitan una salida para quienes no tienen la posibilidad económica de alquilar un local, pagar una habilitación o afrontar los costos de un comercio tradicional.
Porque detrás de cada puesto callejero no siempre hay una intención de perjudicar a otro comerciante. Muchas veces hay trabajadores expulsados del mercado laboral, jubilados que no llegan a fin de mes, familias que buscan una fuente de ingreso o jóvenes sin oportunidades laborales.
El desafío para las autoridades es encontrar un equilibrio: garantizar el derecho de los comerciantes formales a trabajar en condiciones justas, pero también generar alternativas para aquellos vecinos que quedaron fuera del circuito económico tradicional.
En momentos de crisis, el debate sobre el espacio público no es solamente una discusión sobre veredas ocupadas o habilitaciones comerciales. También es una discusión sobre empleo, pobreza, oportunidades y el rol del Estado frente a quienes buscan ganarse el sustento diario.
Credito NotiDigital
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