Para la justicia no hubo delito: los móviles estaban en servicio y no se dejó de atender ninguna emergencia que haya ingresado al sistema 911, por lo que “no se vislumbra una omisión en sus funciones”. Una decisión idéntica había tomado el fiscal que intervino en el caso Ituzaingó, pero la Fiscalía General revocó el fallo y ordenó seguir investigando.
Para la justicia de San Martín, los 14 agentes policiales que se manifestaron en Tres de Febrero con un sirenazo para hacer saber su reclamo de mejoras salarias no cometieron ningún delito.
Así lo determinó la fiscal Gabriela Belén Pino, quien dispuso archivar las actuaciones en contra de los policías Jonathan Adrián Fernández, Giuliano Nicolás Di Matteo, Mariela Beatriz Leguizamón, Fabricio Hernán Sequeira Borquez, Braian Víctor Gómez, Matías Ezequiel Machín, Belén Araceli Cardoso, Daniela Denise Bravo, Nadia Romina Carporale, Alan Alexis Ruiz Sánchez, Rita Gisela Lobo, Gabriel Emanuel Torres, Mauro Alejandro Haspert y Jazmín Marotte.
Los hechos denunciados por las autoridades locales de la fuerza y por el propio Ministerio de Seguridad mediante la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) ocurrieron el pasado 17 de febrero, cuando móviles policiales se estacionaron sobre la calle Aviador Matienzo y Marconi, de Tres de Febrero, e hicieron sonar sirenas y balizas en reclamo de mejores ingresos y condiciones de trabajo.
Por qué la justicia decidió archivar la causa contra los policías
La fiscal Pino consideró que no hay delito que investigar porque “los móviles de mención se encontraban de servicio, siendo ocupados por los funcionarios policiales identificados”, quienes se desplazaron al sitio mencionado “por espacio de más de siete minutos”.
Eso se verificó a través del sistema de geolocalización instalado en cada uno de los patrulleros. Además, se acreditó que ninguno de los vehículos en cuestión abandonó su distrito y que los uniformados “no dejaron de responder ningún evento que hubiere requerido su intervención”, luego de revisar el informe provisto por el sistema de emergencias 911.
“Entiendo que no existen elementos que permitan acreditar materialidad ilícita, y no vislumbrándose –al menos en lo inmediato-, la posibilidad de adquirir nuevos elementos que posibiliten ampliar el cuadro probatorio logrado a la fecha, resuelvo desestimar la denuncia y archivar las presentes actuaciones sin más trámite”, manifestó la fiscal en su resolución, a la que tuvo acceso Primer Plano Online.
Un caso similar en Ituzaingó
La fiscal Pino ordenó remitir copias de la su resolución a la AGAI para notificar de lo resuelto. ¿Eso significa que los policías vuelven a sus puestos de trabajo? De ninguna manera: son carriles paralelos. Por un lado, la desafectación es una sanción de tipo administrativa dispuesta por el Ministerio de Seguridad, que se sostiene. Por el otro va el legal, en donde recibieron una buena noticia: no tienen causa penal en su contra. Por eso ayer celebraron con su abogado, Rodrigo Tripolone.
Una resolución similar había adoptado en marzo pasado el fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, quien había considerado que los oficiales Aldana Nahir Budkin, Francisco Ezequiel Días, Abel Daniel Duarte, Esteban Andrés Estrella, Gabriela Noelia Fuentes, Cesar Emmanuel Gamarra, Jonathan Matías Herrera, Jonathan Ezequiel Moreno, Walter Hernán Nicolau, Eliana Edith Nonis, Javier Alberto Tolaba y Joel Javier Zelaza no habían cometido “ningún delito” y que debía ser la propia fuerza la que evalúe si corresponden sanciones por su conducta.
Sin embargo, la Fiscalía General de Morón, que ejerce la jefatura sobre Tavolaro, calificó de “cuanto menos prematura” su resolución y le indicó que “no se han agotados las diligencias necesarias para descartar o no la comisión de delito alguno”. Es decir, le ordenan seguir investigando el comportamiento policial. Hasta el momento la causa sigue en trámite.
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