El 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel, en un acto que casi termina en tragedia, gatilló contra la entonces vicepresidenta sin que la bala saliera. Los acusados se enfrentan a cargos de tentativa de homicidio doblemente calificado. Un descontento por el proceso judicial y una investigación con pistas afuera.
A dos años del violento atentado contra la ex presidenta Cristina Kirchner, el juicio que se lleva a cabo presenta un escenario fragmentado y cuestionado por la falta de profundización en los aspectos más oscuros del caso. El 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel, en un acto que casi termina en tragedia, gatilló contra la entonces vicepresidenta sin que la bala saliera. La rápida intervención de los militantes fue clave para su captura, mientras Brenda Uliarte, su exnovia, se alejó del lugar sin ser detenida en ese momento.
Los tres acusados en el juicio—Sabag Montiel, Uliarte y Gabriel Carrizo—se enfrentan a cargos de tentativa de homicidio doblemente calificado. Sabag Montiel ha admitido su deseo de matar a Kirchner, afirmando que fue por motivos personales y no por influencia externa. Por su parte, la defensa de Uliarte intenta que sea declarada inimputable, a pesar de un informe psiquiátrico que descarta trastornos que pudieran afectar su capacidad de juicio. Carrizo, el dueño del negocio de los copos de azúcar y acusado de participación secundaria, ha minimizado sus acciones, alegando que sus mensajes eran bromas y que estaba influenciado por el alcohol.
El juicio, dirigido por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari y con la fiscal Gabriela Baigún a la cabeza, ha sido criticado por no abordar las conexiones políticas o financieras del atentado. A pesar de los pedidos insistentes de los abogados de Cristina Kirchner, la investigación sobre el diputado Gerardo Milman y su posible vínculo con el ataque no se incluyó en el debate.
La falta de avance en la llamada “pista Milman”, que sugiere una posible implicación de la agrupación ultraderechista Revolución Federal y la empresa Caputo Hermanos, sigue siendo una preocupación sin resolver. También el posible vínculo con Luis “Toto” Caputo y las incorrecciones de la jueza Capuchetti han dado que hablar.
De hecho, Cristina Kirchner expresó su descontento con el proceso judicial, subrayando la ausencia de una investigación completa que abarque tanto a los autores materiales como a los intelectuales y financiadores del ataque. “Este es un juicio contra los autores materiales, faltan los autores intelectuales y financiadores del hecho”, declaró, insistiendo en que la justicia debe saldar esta deuda con la democracia, no solo con ella. La situación refleja una causa en la que las respuestas completas aún parecen lejanas, dejando abiertas importantes interrogantes sobre la verdadera trama detrás del atentado.
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