Un nuevo escándalo de corrupción sacude al Gobierno de Javier Milei en la Argentina, específicamente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), la obra social de los jubilados argentinos. Según denuncias reveladas por la periodista Luciana Geuna en el canal TN, el organismo estatal estaría pagando entre 5 y 10 veces más del precio de mercado por lentes intraoculares utilizados en cirugías de cataratas. Este caso se enmarca en una licitación por 80 mil millones de pesos y se suma a una serie de irregularidades en el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, bajo el gobierno de Javier Milei.
Los sobreprecios afectan directamente a los insumos médicos esenciales para pacientes con afecciones visuales graves, como los jubilados que esperan operaciones de cataratas. Antes de agosto de este año, los oftalmólogos compraban estos lentes monofocales directamente por unos 35 mil pesos cada uno. Sin embargo, tras un cambio en el mecanismo de compra centralizado implementado por el PAMI, los costos se dispararon a entre 150 mil y casi 300 mil pesos por unidad, adjudicados a cinco laboratorios proveedores. Un ejemplo concreto es el lente Eyeol de Visión Médica S.A., cotizado a 28.249 pesos, pero facturado al PAMI por 279.704 pesos, lo que representa un incremento exorbitante que genera sospechas de retornos y favoritismos.
La denuncia proviene del gremio ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), que alertó sobre «la existencia de sobreprecios y el pago de retornos» en la gestión actual del PAMI. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, criticó duramente la centralización de las compras, afirmando que «no es casual que desde que asumió este Gobierno, en la gestión de PAMI hayan eliminado todos los controles y las auditorías. Acá hay mucho más que un 3% en vueltos». Los oftalmólogos involucrados también reportaron problemas operativos, como reprogramaciones de cirugías debido a la escasez y la baja calidad de los insumos, lo que agrava el sufrimiento de miles de beneficiarios vulnerables.
Este escándalo no surge en el vacío, sino que se inserta en un contexto político turbulento para el Ministerio de Salud. Mario Lugones, protegido de Santiago Caputo, asesor clave del presidente Milei, ya enfrenta críticas por otros casos de corrupción, como el de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la crisis sanitaria por fentanilo contaminado, que dejó 97 muertos. Dentro del gobierno, hay sospechas de que estas filtraciones podrían ser estratégicas para desviar la atención pública de otros problemas, aunque las evidencias apuntan a fallas en los controles internos del PAMI, dirigido por Esteban Leguízamo.
En respuesta a las acusaciones, el PAMI emitió un comunicado defendiendo su posición, argumentando que «no paga de más y el ejemplo es lo que pagan otros financiadores del sistema de salud». El organismo comparó los precios con los de la obra social del Poder Judicial, que abona 740 mil pesos por el mismo lente con práctica incluida, o las prepagas como OSDE, que llegan a 1.148.016 pesos. Según el PAMI, los volúmenes masivos de compra permiten tarifas más bajas, aunque esto no convence a los denunciantes, quienes insisten en que los valores superan ampliamente el mercado y afectan la calidad de atención a los jubilados.
El impacto en la población afectada es devastador, ya que miles de adultos mayores con problemas visuales graves ven demoradas sus intervenciones quirúrgicas, lo que podría derivar en complicaciones irreversibles. ATE y los oftalmólogos destacan que los insumos adjudicados son de menor calidad, priorizando el lucro sobre la salud pública. Este caso refuerza la percepción de un deterioro en los servicios estatales para los jubilados, en un momento en que el gobierno de Milei promueve ajustes fiscales que recortan presupuestos en áreas sensibles como la salud.
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