El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Diego Spagnuolo, íntimo amigo y abogado personal del presidente Javier Milei, junto a otras 18 personas, por el gigantesco sistema de corrupción que funcionó en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Lejos de cerrar la causa, el magistrado profundizó la investigación del llamado Coimagate y convocó a nuevas indagatorias para avanzar sobre la pista financiera y el presunto lavado de dinero proveniente de maniobras ilegales dentro del organismo.
Entre los nuevos citados aparece Sergio Mastropietro, exsocio del narco Federico “Fred” Machado y vinculado a José Luis Espert en otro escándalo que el oficialismo nunca logró explicar. El círculo se amplía y la trama se vuelve cada vez más incómoda para el poder.
Mientras tanto, el Gobierno y su ruidosa Oficina de Respuesta Oficial —siempre presta para atacar periodistas— eligieron el silencio absoluto frente a uno de los mayores escándalos de corrupción de la era Milei, el mismo presidente que despreció las denuncias calificándolas de “chimentos de peluquería”.
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El fallo judicial es demoledor: describe a la ANDIS como un verdadero “centro de operaciones” de un esquema que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, direccionó compras de medicamentos de alto costo, habilitó sobreprecios millonarios y garantizó pagos privilegiados a un grupo reducido de proveedores.
En el corazón del entramado aparecen, además de Spagnuolo y su segundo Daniel Garbellini, el operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete, señalado como nexo con las droguerías beneficiadas, y su hija Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, quien renunció en silencio en noviembre pasado y hoy también está procesada.
Desde el inicio, la causa ANDIS salpicó de lleno a Karina Milei. En agosto pasado se difundieron audios de Spagnuolo —entonces titular del área— donde se mencionaba un presunto “3% para Karina”. En esas grabaciones también aparecía Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales armadores políticos del oficialismo y figura clave del dispositivo territorial de la secretaria general de la Presidencia.
En la Casa Rosada optaron por el repliegue. Sin una narrativa oficial y sin voceros de peso, el Gobierno se refugia en la frase de manual: “es un tema que está investigando la Justicia”. El mismo argumento que Milei usaba para criticar a gobiernos anteriores y que hoy aplica sin pudor.
Además de Spagnuolo, están procesados Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Pablo Atchabahian y una larga lista de exfuncionarios y operadores vinculados a droguerías proveedoras del Estado, acusados de direccionamiento de compras y participación en una estructura criminal organizada.
La resolución judicial detalla la existencia de un mecanismo paralelo de “compulsas especiales”, en el que solo participaban proveedores previamente seleccionados. La competencia era ficticia: empresas “pantalla” simulaban ofertas mientras las adjudicaciones ya estaban definidas.
El resultado fue obsceno: cuatro droguerías concentraron más del 90% de las adjudicaciones en determinadas compras, con órdenes de pago que superaron los 30 mil millones de pesos. En varios casos, los precios se multiplicaron en cuestión de semanas sin justificación alguna.
Y esto no termina acá. La Justicia comienza a avanzar también sobre otros frentes: el Criptogate, que involucra directamente a Javier Milei y a su hermana, y un nuevo escándalo en Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que administra Atucha I, Atucha II y Embalse, donde aparece comprometido Demian Reidel, otro amigo personal del Presidente.
Prometieron terminar con la casta y armaron una casta propia, más opaca y más voraz. Ajustan a los jubilados, recortan derechos y hablan de moral, mientras sus amigos hacen negocios millonarios con el Estado. Milei no vino a limpiar la política: vino a privatizarla para los suyos. Y la Justicia, por ahora, ya les empezó a tocar la puerta.
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