El Gobierno Municipal de Hugo Omar Curto comprendió que el vecino de Tres de Febrero no debía trasladarse a los distritos vecinos de San Martín o Morón para realizar trámites que correspondían a su propio municipio. Con ese criterio, y con una acertada visión de gobierno, logró que los servicios públicos contaran con oficinas comerciales en Caseros, acercando sus prestaciones a la comunidad.
También consiguió que organismos fundamentales como PAMI y ANSES funcionaran dentro del ejido municipal, evitando que jubilados y pensionados tuvieran que trasladarse a otros partidos para resolver sus necesidades administrativas, con todo lo que esos desplazamientos significaban en términos económicos, físicos y personales.
Pero aquella política de proximidad no se limitó a instalar oficinas. También se procuró una adecuada distribución de los servicios, diferenciando las actividades y necesidades de atención de ambos organismos, de manera de facilitar la gestión y mejorar la respuesta a los vecinos.
𝐏𝐨𝐫 𝐞𝐬𝐨, 𝐧𝐨 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐚𝐳ó𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐧𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐣𝐮𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐞𝐥 𝐜𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐀𝐌𝐈 𝐞𝐧 𝐂𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐞𝐥𝐚. 𝐒𝐮 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐩𝐚𝐫𝐢𝐜𝐢ó𝐧 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚: 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐭𝐚𝐫𝐥𝐞 𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐛𝐢𝐥𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥, 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠á𝐧𝐝𝐨𝐥𝐨𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐥𝐚𝐝𝐚𝐫𝐬𝐞, 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢ó𝐧 𝐟𝐮𝐞 𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐞 𝐬𝐚𝐜𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨.
La poca intervención del actual Gobierno Municipal en la defensa de estos espacios ha permitido que algunos servicios que tanto costó conseguir se hayan perdido o estén amenazados.
No estamos hablando de oficinas ni de edificios. Estamos hablando de derechos, de dignidad y de una política pública que entendió que el Estado debe acercarse al ciudadano, especialmente cuando ese ciudadano es un jubilado, un pensionado o una persona que necesita mayor protección.
𝐂𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐏𝐀𝐌𝐈 𝐝𝐞 𝐂𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐞𝐥𝐚 𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐞𝐫. 𝐄𝐬 𝐜𝐚𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐲𝐚 𝐬𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐬𝐢𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐲 𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐞𝐜𝐞, 𝐧𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚, 𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐭𝐨, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐬.
Lo que una gestión municipal consiguió acercando el Estado al vecino, otra gestión no debería permitir que se pierda por desinterés o insensibilidad.
𝐄𝐥 𝐜𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐀𝐌𝐈 𝐝𝐞 𝐂𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐞𝐥𝐚 𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢ó𝐧 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐥𝐚 𝐩é𝐫𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐛𝐢𝐥𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬.
Todo esto debe ser debidamente cuestionado, denunciado y llevado al ámbito legislativo por nuestros representantes, existen herramientas institucionales suficientes para hacerlo: pedidos de informes, proyectos de resolución, declaraciones, iniciativas legislativas, gestiones y denuncias ante los organismos responsables.
Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico
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