La docente Nancy Godoy denunció por escrito el abandono de la Escuela 626 de Corrientes, donde faltaban condiciones básicas para enseñar y el director titular no asistía desde hacía años, según los testimonios que reunió. Dos meses después, Nancy fue asesinada. ¿Por qué nadie fue a corroborar y hacer algo con lo que estaba pasando? Y ¿cómo pudo funcionar una escuela pública en medio de una estancia privada, con un acceso tan difícil que la maestra debía recorrer kilómetros a caballo para llegar?Las preguntas inevitables: si el Concejo de Educación de Corrientes recibió una carta que describía semejante nivel de abandono, ¿por qué no hizo algo para verificar las condiciones de la escuela y ponerla en condiciones? ¿Se podría haber evitado el femicidio de Nancy Godoy?. Por Manuela Wilhelm (ANRed)
La carta tiene fecha del 15 de agosto de 2026. Nancy Ester Godoy, de 52 años, acababa de asumir como directora suplente de la Escuela Primaria Común N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en la zona rural de Esquina, Corrientes. Lo que dejó asentado de su puño y letra no era un reclamo menor: describió un establecimiento escolar totalmente abandonado, sin agua, con baños inutilizables, techos deteriorados y rastros de roedores y murciélagos. También dejó constancia de que el docente titular llevaba años sin asistir regularmente a dar clases.
El documento, firmado por la docente y acompañado por las firmas de padres y vecinos, expuso una situación que requería una intervención urgente. Sin embargo, la muerte de Nancy abre una pregunta que va más allá del femicidio: ¿Qué respuesta del Estado recibió esa denuncia y qué medidas concretas se tomaron entre la presentación de la carta y el crimen?
Una escuela abandonada, sin agua y con murciélagos en el techo
Nancy describió con precisión lo que encontró al llegar a la institución, que tenía una matrícula de ocho alumnos. El edificio estaba sucio, deteriorado y, según su relato, llevaba tanto tiempo sin actividad regular que necesitó dos días de limpieza para dejarlo en condiciones mínimas de uso.
«La parte edilicia totalmente abandonada», escribió al comienzo del documento. Los baños: llenos de tierra. Las paredes del frente: rajaduras. El techo: a punto de caerse. Los ventanales estaban rotos y la humedad había deteriorado el interior del edificio. Desde el techo caían tierra y suciedad acumulada por la presencia de ratas y murciélagos, cuyo olor, señaló, hacía insoportable permanecer en el lugar.
Como maestra rural, Nancy cubría el cargo de directora suplente pero abarcaba una multiplicidad de tareas: docente, portera y cocinera. La falta de agua agravaba las condiciones al punto de que para limpiar la caca de los pisos, Nancy tuvo que conseguir de un vecino o de una laguna.
Los pupitres estaban cubiertos de mugre, numerosos libros se habían mojado y no había muebles adecuados para guardarlos. Ni siquiera el lugar donde se colocaba la bandera estaba en condiciones: el mástil había sido reemplazado por un hierro alto y la tela estaba tan sucia que no se distinguían sus colores.
La docente también advirtió que no había registros ni documentación correspondiente a 2024, 2025 o 2026. Solo encontró libros antiguos.
La situación era tan precaria que Nancy no pudo quedarse a dormir en la escuela. En la misma carta dejó constancia de que tuvo que alojarse durante tres noches consecutivas en la casa de María Rosa Leguizamón, una mujer que luego quedó involucrada en la investigación por el crimen.
No se trataba solamente de las condiciones en las que debía trabajar una docente. Ocho alumnos dependían de una institución pública que, de acuerdo con lo que ella documentó, no reunía las condiciones básicas para garantizar la educación.
Las advertencias que quedaron bajo la responsabilidad del sistema educativo
En su presentación, Nancy también dejó asentado que los padres y vecinos le habían manifestado que el docente a cargo llevaba entre dos y tres años sin concurrir a dar clases con regularidad. Según consignó, cuando recibió las llaves, le dijeron que hacía un mes que no iba.
La denuncia contra el director titular y el reclamo por la falta de supervisión escolar aparecen entre los antecedentes que se investigan en el caso.
La docente había asumido un cargo interino mientras el director titular se encontraba de licencia. Sus denuncias apuntaban a un problema institucional que, por su naturaleza, debía ser revisado por las autoridades educativas.
La pregunta es inevitable: si el Consejo de Educación recibió una carta que describía semejante nivel de abandono, ¿qué hizo para verificar las condiciones de la escuela?
¿Se envió una inspección? ¿Se constató el estado del edificio? ¿Se investigaron las ausencias denunciadas? ¿Se tomó alguna medida para garantizar que los chicos pudieran tener clases y que la docente trabajara en condiciones seguras?
Para responder esos interrogantes es necesario conocer los registros de recepción de la carta, las actuaciones administrativas posteriores y las intervenciones que hayan realizado las autoridades.
Por el momento el Ministerio de Educación de Corrientes no dio esas respuestas.
Pero el contenido del documento deja en evidencia que la situación había sido puesta por escrito y que no se trataba de un problema desconocido para quienes debían atenderlo.
La investigación por el femicidio deberá establecer las responsabilidades penales individuales de los acusados. En paralelo, las autoridades educativas deben explicar qué hicieron ante las irregularidades denunciadas por Nancy.
A caballo durante horas para llegar a una escuela pública dentro de una estancia privada
La historia de Nancy también expone una realidad imposible de justificar en pleno siglo XXI: una escuela pública ubicada dentro de una estancia privada, en una zona rural de acceso extremadamente complicado.
La Escuela 626 funcionaba en la estancia El Curupí, un establecimiento de unas 12.000 hectáreas perteneciente a la familia Bincle, donde vivían trabajadores rurales con sus familias. Los hijos de esos trabajadores integraban la matrícula de la escuela.
Para llegar, Nancy debía trasladarse hasta el acceso a la estancia. Desde allí, según los testimonios recogidos, la llevaban en camioneta hasta un puesto y luego debía continuar a caballo durante aproximadamente dos horas y media o tres, atravesando arroyos, lagunas y terrenos anegados.
La distancia y las condiciones climáticas podían volver imposible el trayecto. Las lluvias convertían los caminos en zonas intransitables y dificultaban el regreso. Por eso, quedarse en el establecimiento no era una excepción impensada: podía ser una necesidad derivada del aislamiento.
En uno de los audios que envió a una compañera, Nancy describió la situación del docente titular y el perjuicio para los alumnos.
«Era una escuela fantasma, con alumnos fantasmas», expresó, en un audio que después del impacto nacional de su desaparición salió a la luz y se hizo viral.
La frase sintetizaba una denuncia que excedía la infraestructura. Para Nancy, los chicos habían quedado privados de una continuidad educativa que debía estar garantizada por el Estado.
Pero el aislamiento también tenía otra dimensión. Una docente debía desplazarse durante horas por terrenos de difícil acceso para cumplir con su trabajo, en una escuela sin agua y con un edificio deteriorado. Y cuando las condiciones le impedían regresar, debía resolver por su cuenta dónde pasar la noche.
La ubicación del establecimiento plantea interrogantes sobre las condiciones de seguridad, los mecanismos de supervisión y la responsabilidad estatal de garantizar tanto el derecho a la educación como la integridad de quienes trabajan en zonas rurales.
De la carta al femicidio: qué pasó durante esos dos meses
La cronología vuelve todavía más urgente la necesidad de reconstruir las respuestas institucionales.
El 15 de agosto, Nancy dejó asentadas por escrito las condiciones de la escuela. El 7 de octubre tuvo su último contacto con la familia mediante un mensaje de WhatsApp enviado desde el establecimiento. Debía regresar a su casa el viernes 9, pero no lo hizo ni contestó más el celular.
Ante la falta de noticias, su hijo Sebastián radicó la denuncia por desaparición el jueves 15 de octubre.
El cuerpo de la docente fue encontrado el 28 de octubre en un bañado de una zona de monte, dentro de la estancia El Curupí, a unos 15 kilómetros al este de la escuela. El lugar era de muy difícil acceso y la referencia geográfica que permitió localizar los restos habría sido aportada por un familiar de una de las detenidas, que se quebró durante la investigación.
Por el crimen hay cinco personas detenidas. La Justicia dictó prisión preventiva para los capataces de estancia Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, señalados como presuntos autores materiales del femicidio. Sergio Nahuel Rojas, pareja de María Rosa Leguizamón, también quedó bajo prisión preventiva, acusado de homicidio simple. Leguizamón está involucrada en la causa y Ernesto Ezequiel Bordón, un peón, fue detenido por presunto falso testimonio.
Las imputaciones y sus calificaciones deberán seguir el curso judicial correspondiente. La investigación busca esclarecer la participación de cada uno de los acusados y las circunstancias del crimen.
La carta prueba que una intervención educativa hubiera evitado la exposición que sufría Nancy al ser la única maestra que se puso al hombro el derecho a la educación pública. Ella había documentado graves irregularidades, que las autoridades deben explicar cómo actuaron ante ellas, y fue víctima de una investigación que sus hijos denunciaron de vergonzosa.
Un paro docente 21 días después de la desaparición
También quedó bajo cuestionamiento la respuesta sindical. Las compañeras de Nancy vincularon desde un primer momento su desaparición con las denuncias que había realizado sobre la escuela. Los sindicatos de muchas provincias exigieron a CTERA que convoque un paro nacional para exigir la búsqueda con vida.
Mientras tanto la familia de Nancy recibió el apoyo de la comunidad que salió a manifestarse al confirmarse el femicidio con el hallazgo del cuerpo.
Por su parte, CTERA convocó a un paro nacional. En tanto, docentes de todo el país están exigiendo a los sindicatos que se realicen marchas para exigir Justicia y que no vuelva a ocurrir nunca más que una docente no sea escuchada por las autoridades del Ministerio de Educación siendo asesinada en su lugar de trabajo
Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico
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