El Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en contrataciones y falta de documentación para acreditar entregas.
El discurso de austeridad y eficiencia que Diego Valenzuela convirtió en una de las principales banderas de su gestión en la municipalidad de Tres de febrero quedó atravesado por un fallo del Tribunal de cuentas que puso bajo la lupa la administración del Consejo Escolar del distrito durante 2024.
La resolución, correspondiente a la rendición del ejercicio de ese año, aplicó sanciones a las autoridades del organismo y, fundamentalmente, desaprobó egresos por 53.411.214,41 pesos, por los cuales estableció responsabilidad solidaria sobre la entonces presidenta del Consejo Escolar, Maria Julieta Colaci, y el tesorero Federico Javier Sfoggia.
La cuestión adquiere especial relevancia política porque no se trata de dirigentes ajenos al esquema que gobierna Tres de Febrero. Sfoggia formó parte de las listas electorales impulsadas por Valenzuela y volvió a ser presentado en 2023 entre los candidatos a consejeros escolares de Juntos. Junto a él figuraba también Ines Kordeban, otra de las funcionarias alcanzadas por las sanciones. Al anunciar aquella nómina, Valenzuela aseguró que se trataba de personas que representaban una manera “sana y diferente de hacer política”.
El vínculo con Colaci resulta todavía más actual. La dirigente que presidió el Consejo Escolar durante el período auditado continuó integrada al armado de Valenzuela luego de su desembarco en La Libertad Avanza: en las elecciones bonaerenses de 2025 fue ubicada segunda en la lista de concejales del oficialismo local, detrás de Fernando Ramos.
Pagos sin constancias suficientes
La auditoría del Tribunal de Cuentas formuló distintos cuestionamientos sobre la administración del Consejo Escolar. Uno de los capítulos más sensibles corresponde al denominado “Proceso de Entrega”, donde los auditores verificaron pagos respecto de los cuales no estaban incorporadas todas las constancias necesarias que acreditaran la recepción de los productos facturados.
Entre las operaciones examinadas aparece repetidamente el proveedor Fabián Luccelli, asociado a facturación por kits y artículos de limpieza. Según el fallo, parte de la documentación fue incorporada posteriormente, pero otras operaciones continuaron observadas porque no pudo acreditarse debidamente la entrega de los productos adquiridos y abonados.
En ese apartado, la relatoría mantuvo observaciones por 35.276.247,96 pesos. Posteriormente, al resolver el conjunto de irregularidades, el Tribunal terminó desaprobando egresos por 53,4 millones.
El expediente también registra contrataciones con proveedores que presentaban problemas respecto de su inscripción en el Registro de Proveedores bonaerense. Allí aparecen Construcciones IEC SRL, RN Group SA y Aida Uzal e Hijos SRL, entre otros casos analizados por los auditores.
También fueron cuestionados aspectos vinculados con contrataciones para mantenimiento de establecimientos educativos, especialmente por la ausencia de documentación correspondiente a seguros personales destinados a cubrir riesgos laborales de quienes realizaban tareas de gas, electricidad, albañilería y reparación de cubiertas.
El Tribunal aplicó multas individuales de 400 mil pesos a María Julieta Colaci, Octavio Germán Montenegro, Inés Estela Kordeban, Federico Javier Sfoggia, Guillermo Daniel Cerchiara, María Mercedes Noriega, Andrea Paula Benítez, Víctor Hugo Vélez y Eduardo Jorge Pérez.
Para Valenzuela, el episodio presenta una contradicción política difícil de soslayar. El intendente construyó buena parte de su perfil público alrededor de conceptos como reducción del gasto, eficiencia administrativa y orden fiscal. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas acaba de dejar documentadas irregularidades administrativas por decenas de millones de pesos dentro de un Consejo Escolar conducido por dirigentes que formaron parte de su armado político.
Credito Real Politik
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