El senador provincial Diego Valenzuela, hoy alineado con La Libertad Avanza tras haber pasado por distintas fuerzas políticas, volvió a cargar contra el gobernador Axel Kicillof. En esta oportunidad afirmó que «contra Kicillof solo hasta 2024 subieron cerca de 40.000 empleados» y sostuvo que «el populismo es afecto a crear más y más empleo público».
La declaración no parece ser un dato aislado. Forma parte de una concepción del Estado que hoy impulsa el gobierno nacional de Javier Milei: reducir el empleo público como una de las principales herramientas para disminuir el gasto estatal. En otras palabras, detrás de la crítica al crecimiento de la planta provincial aparece una definición política clara: un Estado más pequeño, con menos trabajadores y menor intervención.
La pregunta que surge es inevitable: si Diego Valenzuela llegara a ser candidato a gobernador en 2027, ¿aplicaría en la provincia de Buenos Aires la misma receta que hoy impulsa el gobierno nacional? Porque cuando se habla de «achicar el Estado», no se habla de estructuras abstractas. Se habla de personas que trabajan en hospitales, escuelas, organismos de control, mantenimiento de rutas, seguridad, desarrollo social y distintas áreas que sostienen el funcionamiento cotidiano de la provincia.
Reducir el empleo público no es una decisión neutra. Puede implicar menos personal en servicios esenciales y una mayor sobrecarga para quienes permanecen trabajando. Esa es una discusión política legítima, pero también requiere explicar cuáles serían las consecuencias concretas de ese modelo.
Al mismo tiempo, resulta llamativo que Valenzuela cuestione el crecimiento del empleo estatal provincial cuando durante sus años como intendente de Tres de Febrero nunca presentó como una bandera política una reducción significativa de la planta municipal. Tampoco trascendieron públicamente balances que muestren una disminución sustancial del personal como parte de su gestión.
Distintos trabajadores municipales relataron situaciones de permanentes cambios de área y reubicaciones que, según denunciaban, buscaban generar desgaste entre empleados de planta permanente, quienes no podían ser despedidos fácilmente por su estabilidad laboral. Estas versiones fueron expresadas por trabajadores, aunque no existen resoluciones judiciales que las acrediten como una política institucional del municipio.
En paralelo, también hubo cuestionamientos por el ingreso de nuevos funcionarios vinculados al espacio político gobernante. Desde distintos sectores se criticó que varios nombramientos respondieran más a relaciones de confianza política que a antecedentes técnicos o experiencia comprobable para ocupar cargos de responsabilidad. Como ocurre con cualquier administración pública, esas designaciones forman parte de decisiones políticas, aunque también alimentan el debate sobre los criterios utilizados para conformar los equipos de gobierno.
El verdadero debate no debería reducirse a contar cuántos empleados tiene un Estado, sino a discutir qué Estado necesita la sociedad. Porque detrás de cada número hay hospitales que deben atender pacientes, escuelas que necesitan auxiliares y docentes, rutas que requieren mantenimiento, oficinas que gestionan trámites y políticas públicas que llegan —o dejan de llegar— a millones de bonaerenses.
Cuando el discurso político convierte al empleo público en un problema en sí mismo, también debería explicar qué servicios dejarán de prestarse o quién asumirá esas tareas. Hablar de «menos Estado» puede sonar atractivo como consigna. Gobernar, en cambio, implica hacerse responsable de las consecuencias que esa decisión tiene sobre la vida cotidiana de la población.
Por Claudio Gambale
Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico
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