El nuevo informe del IEF da cuenta del vaciamiento que está sufriendo el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
En el informe, escrito por José Maldonado para el IEF, se detalla que seis millones de jubilados dependen del PAMI para acceder a atención médica, medicamentos y cirugías. Este año, esa cobertura se desmoronó: prestaciones en caída del 41,3%, deuda de 500.000 millones con prestadores, hospitales públicos desbordados. Los datos oficiales confirman que la crisis está teniendo impacto en la mortalidad.
El 14 de abril de 2026, con los médicos de cabecera del PAMI en el segundo día de un paro que se extendió por todo el país y miles de jubilados sin turno ni medicamentos, el ministro de Salud Mario Lugones subió al escenario del AmCham —la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina— y explicó ante un auditorio de empresarios donde estaba, según él, el fondo del problema. “El PAMI tiene alrededor de un millón de personas de más de 80 años sobre los cinco millones de beneficiarios”, dijo. “Tiene casi 6.000 personas de más de 100 años. Ya hay abuelos, hijos y nietos en PAMI. Es una carga muy grande.” No fue un desliz. Un año antes, en el mismo foro y ante el mismo auditorio, Lugones había dicho algo parecido. “¿Saben quién creó el PAMI? Lanusse. ¿Y las obras sociales? Onganía. Nunca fue responsabilidad de la Nación manejar la salud.”
Las dos intervenciones, leídas juntas, revelan el corazón del programa libertario para la gestión de la política sanitaria destinada a los más desprotegidos. La crisis del PAMI no sobrevino a pesar de las decisiones del gobierno. Se construyó dentro de la propia gestión de Javier Milei.
En lo que va del año, mostró su peor cara. En el primer trimestre de 2026, las prestaciones del PAMI cayeron 41,3% en términos reales respecto al mismo período del año anterior, con el Tesoro nacional sin transferir un solo peso a la obra social en marzo. La deuda acumulada con médicos, clínicas y farmacias llegó a 500.000 millones de pesos. Se suspendieron cirugías, se interrumpieron tratamientos oncológicos, los hospitales públicos provinciales absorbieron un aumento de demanda del 30% sin compensación de la Nación.
Detrás de esos números hay una decisión política. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el PAMI, es la obra social más grande de la Argentina y una de las mayores de América Latina. Cubre a casi seis millones de afiliados con una población que concentra los mayores niveles de demanda sanitaria del sistema: un millón de sus beneficiarios superan los 80 años y casi 6.000 tienen más de un siglo de vida. Su presupuesto asignado para 2026 asciende a 10,17 billones de pesos.
La distancia entre ese crédito y los recursos efectivamente disponibles es el punto de partida para entender todo lo que vino después. El PAMI se financia principalmente con aportes de trabajadores activos y sus empleadores —el 42,2% de sus ingresos en 2024— y con retenciones sobre los haberes jubilatorios que administra ANSES, otro 13,4%. Esa estructura tiene una fragilidad de fondo: cuando cae el empleo formal, caen los aportes. Y cuando caen los haberes jubilatorios en términos reales —como viene ocurriendo desde noviembre de 2023, con una pérdida acumulada del 8,7%— caen también las retenciones sobre esos haberes. El organismo queda entonces cada vez más expuesto a la voluntad del Tesoro nacional y de Milei.
En diciembre de 2024 el gobierno libertario eliminó el Impuesto PAIS, que aportaba el 28% de su recaudación al PAMI. El agujero que dejó esa decisión se cubrió parcialmente en 2025 con transferencias del Tesoro. En 2026 esa compensación desapareció. En el primer trimestre del año el Tesoro transfirió al PAMI 0,2 billones de pesos, frente a 0,5 billones en el mismo período de 2025. En marzo no transfirió nada.
En el primer trimestre de 2026 las prestaciones del PAMI cayeron 41,3% en términos reales respecto al mismo período del año anterior. La Oficina de Presupuesto del Congreso lo registró con una precisión que no deja dudas: fue el rubro del gasto primario con mayor incidencia negativa de toda la Administración Nacional, y su nivel de ejecución —16,9% del crédito asignado— fue el más bajo de todas las prestaciones sociales. El Tesoro dejó de transferir fondos. El resto se desprende de ahí. La deuda acumulada con médicos, clínicas, sanatorios y farmacias llegó a 500.000 millones de pesos.
Esa red es el sistema de salud real de seis millones de jubilados: los lugares donde gestionan sus turnos, retiran sus medicamentos, se internan, se operan. Cuando el PAMI dejó de pagar, esa red empezó a desmoronarse. La Federación de Clínicas Bonaerenses advirtió el 1° de abril en una carta al titular del PAMI Esteban Leguízamo que era urgente recomponer el circuito de pagos. Nadie respondió hasta que el conflicto se volvió imposible de ignorar. El 15 de abril el gobierno transfirió 150.000 millones de pesos —menos de un tercio de la deuda— y prometió saldar el resto antes de mayo.
Lo que ese pago cubría era el saldo de la segunda quincena de enero. En Córdoba la deuda acumulada con municipios en medicamentos de alto costo llegaba a 9.000 millones. En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo reclamó 50.000 millones. El Sanatorio Sudeste de Marcos Juárez cerró y dejó a 7.000 afiliados sin cobertura. El principal proveedor de prótesis de cadera anunció que no habría más entregas hasta fin de mes. Las cirugías se suspendieron porque no llegaban los insumos. El impacto en las farmacias fue el más crítico.
Los medicamentos oncológicos y para enfermedades crónicas —aquellos que no admiten interrupciones— fueron los primeros en escasear. Las farmacias de barrio dependen del flujo de pagos del PAMI para sostener su crédito con las droguerías: cuando ese flujo se corta, el crédito se corta. Una de cada cuatro recetas dejó de dispensarse por razones económicas.
El ministro bonaerense Nicolás Kreplak fue contundente ante la Cámara de Diputados: “Hoy uno de cada cuatro medicamentos que necesitan nuestros adultos mayores no está siendo cubierto, y eso aumenta la mortalidad.” Los datos oficiales confirman que esta crisis está teniendo impacto en la mortalidad.
En 2024 murieron 21.276 personas mayores de 65 años más que en 2023, según el Anuario de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud. En Córdoba, el exceso de mortalidad en adultos mayores fue del 11%, superior al 10,6% registrado durante la pandemia de COVID-19. El demógrafo Enrique Peláez, de la Universidad Nacional de Córdoba, descartó que el envejecimiento poblacional alcance a explicar ese incremento.
Para acceder al informe completo: El PAMI en crisis – IEF
Fuente: CTAA.
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