La coyuntura presenta crecientes tensiones políticas y económicas en Argentina.
En lo político, destaca el tema de la corrupción gubernamental, centrado en las coimas denunciadas por el accionar de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, agravando casos previos como las muertes por el “fentanilo contaminado” y el caso $Libra, todos involucrando a la cúpula gubernamental.
Amplían las tensiones políticas la actividad del Congreso revirtiendo el veto presidencial sobre discapacidad, aunque no el de jubilaciones y la moratoria previsional, lo que adiciona conflictos en tiempos electorales, en septiembre en la Provincia de Buenos Aires y en octubre en todo el país.
Las tensiones en lo económico tienen epicentro en la preocupación del gobierno por contener la suba de los precios en la disputa por el consenso electoral. Por eso se interviene para que la cotización del dólar no llegue al techo de la banda cambiaria (1.451 pesos por dólar a fines de julio).
En ese marco se induce una fuerte suba de las tasas de interés, lo que dificulta el crédito y afecta la producción.
Así, la economía se estanca por la merma del consumo popular y la inflación, pese a los esfuerzos oficiales, lo que define límites a la disminución inflacionaria, generando preocupación en la sociedad.
Esta combinación de tensiones económicas y políticas agrega incertidumbre en la dinámica política de la Argentina.
Corrupción y capitalismo
La agenda mediática, medios y redes, está y estará atravesada por el debate en torno a la corrupción.
Responde a una lógica de tiempo electoral. Es un problema, ya que, a los convencidos, al núcleo duro de consenso parece no afectar. Es una lógica verificable para este y otros casos anteriores.
Las coimas se presentan por los denunciados como “operaciones” urdidas por la oposición de turno y encima, la “justicia” resulta poco creíble, por sus tiempos de gestión y su carácter esencial de “poder” de reaseguro sistémico del orden capitalista.
La corrupción en la ANDIS se suma a variados casos en discusión permanente, especialmente lo relativo a las muertes por el fentanilo contaminado, ya con un empresario preso.
Es también el caso de $Libra, con procesos judiciales en curso en el país y en el exterior.
Todos los casos impactan en la economía y en la política, producto de la mercantilización de la vida cotidiana, caso de la salud, convertida en “negocio” desde un consenso social construido por medio siglo de ofensiva liberalizadora del régimen del capital.
Los consensos actuales remiten a la consolidación de ese rumbo privatizador, en contra del derecho a la salud, a la educación, o a la alimentación, entre otros, en una dinámica que interviene en los consensos más allá de la corrupción bajo hegemonía libertaria.
Se activa el Congreso en procesos de investigación, caso $Libra o convocatorias a funcionarios a rendir cuenta por la salud; incluso revirtiendo el veto sobre discapacidad, no sobre jubilaciones o moratoria previsional, pero queda de fondo el trabajo ideológico propagandístico a favor del mercado y en contra de los derechos. Son consensos masivos construidos desde la dictadura y potenciado por la no reversión de esos cambios estructurales, más allá de algunos paliativos temporales.
El rumbo privatizador se agrava en cada gestión de gobiernos liberales, más aún bajo la actual administración de la ultraderecha.
Los poderes legislativo y judicial actúan, pero vale recordar que, junto al ejecutivo, constituyen la institucionalidad de la forma representativa del orden capitalista local.
Incluso, el accionar judicial en el exterior no modifica la defensa de la propiedad privada de los medios de producción, evidente en el caso YPF y que no se espera sea diferente en el tratamiento de las causas penales derivadas de la corrupción actual.
La corrupción en el “mileísmo” pretende justificarse por sonados episodios previos, quedando de fondo el debate orgánico sobre los cambios sustanciales que operan desde la política pública como ajuste y regresiva reestructuración de las relaciones capitalistas, en el ámbito laboral, estatal y de las relaciones internacionales.
El capitalismo y la corrupción constituyen una afinidad electiva, del mismo modo que ocurre con la violencia y el régimen del capital. El cohecho y la violencia son consustanciales al orden vigente bajo el orden capitalista.
Tasas, dólar e inflación
El poder ejecutivo aspira sostener el suficiente consenso para ampliar su capacidad de acción legislativa, incluso simbólica en el resultado electoral de septiembre y de octubre.
Para eso interviene con subas de tasas de interés, aun cuando afecte a la producción.
Más le preocupa que el indicador de inflación no se dispare y mantenga la tendencia a la baja, aun cuando existan alzas temporales de precios al consumidor en torno al 2%.
No interesa que cierren empresas y crezca el desempleo, que baje el consumo popular, mientras el crecimiento del núcleo concentrado de la acumulación capitalista, agro, energía, minería, finanzas, interviene para que el dato macroeconómico exprese una expansión en torno al 5/6% para el año.
Con eso hacen propaganda falaz respecto a que los beneficios se extenderán con el tiempo hacia el conjunto de la sociedad, manteniendo la expectativa sobre futura satisfacción de la demanda social.
La calle se pronuncia en sentido opuesto, especialmente jubilados y jubiladas, que tenían alguna expectativa en que el Congreso pudiera hacer caer el veto presidencial.
Se habilita entonces una nueva dinámica en la lucha callejera, que sumado a la activación parlamentaria en el debate para restringir la “facultades delegadas”, suman incertidumbre a la economía con alza de las tasas de interés y la desconfianza del poder económico sobre si el libertario podrá disciplinar el conflicto social y reorganizar la política en general.
El gobierno ratifica el rumbo pese a los escándalos de la corrupción y endurece la receta del ajuste fiscal y la propuesta de transformación regresiva del modelo productivo, afirmando el rumbo exacerbado del extractivismo sobre base de inversores externos en bienes comunes y una organización empresarial local a su servicio.
Se trata del abandono de una estrategia industrial que está en la lógica productiva local desde fines del Siglo XIX y que se sostuvo durante el XX.
La sociedad es quien define si se consolida ese rumbo o si se habilita un debate necesario para un rumbo que privilegie la organización productiva local para resolver la demanda por satisfacer amplias necesidades locales, lo que requiere mirar para adelante y no al pasado.
Credito Indymedia
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