Mientras en Tres de Febrero crecen las quejas por el deterioro urbano y la falta de inversión en seguridad, el intendente Diego Valenzuela destinó casi 46 millones de pesos a la Universidad Austral para auditar un polémico plan inmobiliario. La contratación, considerada innecesaria, se dio en el marco de un proyecto cuestionado por violar el código urbanístico, carecer de estudios de impacto ambiental y beneficiar a desarrolladoras privadas con tierras públicas.
Diego Valenzuela ya no logra maquillar el desgaste de su gestión. Como venimos informando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, lo acusan del abandono en Tres de Febrero, con calles destruidas, basura en cada esquina y un alarmante desfinanciamiento en seguridad, en uno de los distritos más golpeados del conurbano. Además, el intendente es fuertemente criticado por rechazar fondos provinciales y rematar tierras públicas para hacer obras de campaña, “de espaldas a los vecinos”.
Sobre este escenario se pronunció Maximiliano Granzurger, concejal de Unión por la Patria, quien advirtió que la gestión padece déficits crónicos en poda, bacheo y limpieza; denunció la construcción de un superávit a costa de postergar obras, lo que calificó como “robo directo” a los vecinos, y cuestionó el gasto innecesario de casi 46 millones de pesos a la Universidad Austral para controlar los pliegos de un plan inmobiliario que, además, carece de estudios de impacto ambiental.
-En primer lugar, concejal, ¿cuál es su percepción general sobre el estado actual del municipio de Tres de Febrero? ¿Cuáles considera que son hoy las principales debilidades de la gestión de Diego Valenzuela?
En el municipio nos estamos encontrando con una gestión que ya lleva muchos años al frente del departamento ejecutivo y, lamentablemente empieza a tener falencias en cuestiones que son enteramente municipales: como la poda, la limpieza y el bacheo. Tres déficits muy grandes que tiene la gestión y que, con el correr de los años, van empeorando y se van deteriorando.
Eso lo vemos siempre reflejado en la rendición de cuentas y en los presupuestos, en donde año a año se va reduciendo la cantidad de dinero que se destina para este tipo de cuestiones, ya sea la poda, que tiene grandes déficits, más que nada ahora que estamos en temporada alta de poda; el bacheo, la verdad que es un desastre, se nota muchísimo el deterioro de las calles no céntricas, las calles de los barrios. Y con respecto a la limpieza, en cada esquina se encuentran basurales a cielo abierto. La verdad que la situación en ese sentido es bastante dramática.
-Usted menciona una baja en el presupuesto destinado a áreas clave como poda, limpieza y bacheo. ¿A qué partidas se está destinando entonces el dinero que debería dirigirse a esos servicios?
Lo que observamos en las rendiciones de cuentas, por ejemplo en el último año, es que ellos construyeron, para estar en línea y en sintonía con el gobierno nacional, un superávit, que para nosotros es un robo directo a los vecinos, a los cuales se les cobra un impuesto, se les cobra una tasa y ese dinero no vuelve en obras.
Entonces no entiendo qué es lo importante de construir un superávit o subejecutar el presupuesto simplemente para hacer la tarea ante el gobierno nacional y salir a comunicar que tienen un exceso de dinero, cuando ese dinero se nota que claramente no llega a los vecinos. Uno paga una tasa para recibir después una contraprestación, en este caso el servicio de alumbrado, barrido y limpieza, servicio de poda. Y ni hablar con la seguridad, que también es un gran déficit en términos presupuestarios.
En Tres de Febrero sólo invertimos un 7% del presupuesto total en seguridad, es decir, de cada 100 pesos que tiene el municipio, destina sólo 7 para la seguridad. Y eso, obviamente, es la principal problemática que tienen nuestros vecinos y vecinas.
-La inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los vecinos, y otros concejales de su espacio nos han planteado que no perciben un plan de acción claro por parte del gobierno local. ¿Coincide con ese diagnóstico? ¿No hay un plan para frenar el delito en el distrito?
Totalmente de acuerdo. Creo que cada municipio puede llevar adelante planes integrales de seguridad. Nosotros lamentablemente vemos cómo se prefiere hacer marketing, hacer publicidad. Hasta hace poco salió el intendente muy contento a anunciar que se aprobó la utilización de armas no letales, pero la realidad es que no tenemos certezas de cómo va a funcionar esto.
Yo presenté un pedido de informe en el Concejo Deliberante justamente para que expliquen cuál es el plan general de seguridad, para qué van a servir este tipo de armas no letales, quiénes las van a utilizar, con qué protocolos las van a utilizar. Un montón de cuestiones que hacen a la seguridad cotidiana de los vecinos y vecinas.
En última instancia, creo que los municipios tienen que ponerse al frente a nivel local en el combate a la inseguridad, más allá de que sea una responsabilidad provincial, y articular con el gobierno provincial políticas para mitigar uno de los grandes flagelos que tenemos en nuestra ciudad hoy en día.
En los últimos meses se denunciaron presuntos negociados inmobiliarios en el distrito, incluso con vínculos con universidades privadas como la Austral. ¿Cuál es su postura sobre este avance de la especulación urbana? ¿Ve planificación o también connivencia por parte del municipio?
Acá el debate es mucho más amplio. Acá lo que estamos discutiendo de fondo es quiénes discuten los modelos de urbanismo: si lo van a discutir las empresas desarrolladoras inmobiliarias o lo vamos a discutir entre todos los vecinos y vecinas.
El plan de movilización de suelo, lo que ellos llaman movilización de suelo —mal llamado plan de vivienda— en última instancia es un negocio inmobiliario. Lo único que se está haciendo es poner tierra que es del municipio, que es de todos los vecinos y vecinas, al servicio de las constructoras.
Sólo se vende y sólo se le cambian los indicadores para poder construir torres en los barrios, fundamentalmente de Caseros, Altos de Podestá y Ciudad Jardín, violando el código urbanístico y sin informes de impacto ambiental, sin hacer las obras de infraestructura necesarias.
Si uno aumenta la densidad de población en una zona muy pequeña, como es por ejemplo el Easy de Caseros, en donde están queriendo poner torres, obviamente va a haber un déficit muy grande en lo que es la presión de agua, otros servicios sanitarios, ni hablar del tráfico.
Entonces en esta discusión que estamos teniendo con respecto a la cuestión de la venta de terrenos es importante destacar dos cosas. La primera, que claramente el municipio lo que está haciendo es beneficiar el negocio inmobiliario por sobre los vecinos y vecinas.
Y la segunda, esto que mencionabas de la Universidad Austral: en medio de todo este revuelo que se armó, y que los vecinos se movilizaron y que están planteando inconsistencias en el expediente —que claramente las tiene, las hemos planteado en términos judiciales— lo que se viene a hacer es tratar de darle un manto de legalidad o meter un tercero en el juego para desentenderse de esta situación.
Nosotros creemos que eso es un gasto innecesario. De hecho, la justificación por la cual se decidió vender tierra y el gran argumento era que había una necesidad económica del municipio, que necesitaba generar nuevos ingresos, que necesitaba poder vender esa tierra que estaba según ellos en desuso, cosa que nosotros no compartimos.
Y sin embargo, se está destinando, para empezar a conversar, según lo que dice el expediente del convenio, casi 46 millones de pesos a la Universidad Austral para controlar los pliegos, que perfectamente lo pueden hacer con la estructura administrativa que ya tiene el municipio.
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